El proyecto contempla la fusión de dos normas que regulan el negocio de la banca privada en Chile, una desde las intermediarias y la otra desde las AGF, siendo la primera mucho menos exigente que la segunda, informa Diario Financiero.
A diferencia de la normativa vigente para los intermediarios de valores, donde se señala el tipo de activos en el que pueden invertirse el patrimonio financiero administrado (valores de oferta pública, facturas, derivados, etc.), el proyecto de norma del regulador parte por indicar que el intermediario, al igual que el administrador “en todo momento deberá atender exclusivamente a la mejor conveniencia de cada cliente y realizar las gestiones necesarias para cautelar la obtención de una adecuada combinación de rentabilidad y seguridad de las inversiones de éste”.
En cuanto a la gestión de riesgo, la futura normativa -que regirá a partir de marzo- aumenta también las exigencias para los intermediadores de valores, dado que las obliga a que previo al ejercicio del negocio las corredoras y agencias contemplen esta actividad “dentro de sus políticas y procedimientos de gestión de riesgo y control interno”. Además exige, tal como ocurre en la actualidad con las administradoras, la fijación de políticas para el cobro diferencial de comisiones, y el cargo de gastos asociados al pago de servicios complementarios, entre otros.