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Sebastian Albella (CNMV) apuesta porque MiFID II esté transpuesta por completo antes de final de año


Aunque queda pendiente detalles importantes por aprobar de la normativa MiFID II para la industria de gestión de activos, como son la definición de en qué casos se podrá cobrar incentivos y como se fija el marco para el unbundling para España, Sebastian Albella, presidente de la CNMV, considera que el paquete pendiente estará listo antes de final de año y aprobado por Real Decreto Ley. 

La posición de CNMV en materia de incentivos es que el gobierno español se remita al reglamento original en cuanto a la lista de tres supuestos en donde se mejora la calidad del servicio y están permitidas las retrocesiones. Este posicionamiento, que Albella califica como no extensivo, que no restrictivo, lo justifica en que a medio y largo plazo se va a favorecer que haya más asesoramiento y que habrá más competencia y dinamismo en el sector.

Respecto al unbundling, y aunque esta norma va dirigida al ámbito de carteras y no de instituciones de inversión colectiva (IIC), sí cree que debería aplicarse también en estos vehículos. Por otro lado, no manifiesta una posición en cuanto a si las IIC deben asumir estos costes o no, aunque si destaca que la mayoría de las gestoras están optando por asumir el coste el vehículo.

Albella además mostró la postura de CNMV acerca de la posibilidad de que coexistan dos documentos de información fundamental (DFI), uno exigido por MiFID II y otro por PRIIP, que entregar al inversor a partir de 2020. El presidente se muestra confiado de que esto no se produzca ya que existe una actuación coordinada de ESMA, Eiopa y EBA para que no ocurra. Considera que habrá un cambio legislativo sencillo para evitar este problema y adaptar el DFI de PRIIP en 2019 para llegar con una única versión.

En contra del impuesto a las transacciones financieras

A parte del reto que supone MiFD II para la industria de fondos nacional, Ángel Martínez Aldama, considera que sería importante para la industria que se impulsara desde el gobierno potenciar el ahorro y pide estabilidad normativa y fiscal.

En este sentido, subraya que un impuesto a las transacciones financieras sería negativo para la economía española. Respecto al efecto en los fondos de esta tasa en la compra/venta de acciones y derivados, desde la asociación han calculado que la rentabilidad del partícipe a 25 años sería un 7% menor y de un 6% menos en los planes de pensiones. “Lo acabarían pagando los inversores a través de los productos de inversión colectiva”, destaca. Desde Inverco abogan a que se coordinen con el resto de países europeos.

Además, recordó que todos los vehículos de inversión colectiva en España pagan impuestos, con una clara referencia a las sicav. “En 2018 se han producido 600 bajas, un 20% del total”, indica. “Cualquier modificación en material fiscal no va a implicar que las sicav europeas desaparezcan, solo las españolas”, añade. Por otro lado, hizo hincapié en que hay 30.000 millones localizados y controlados por la agencia tributaria.

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