Las presiones demográficas que afronta Europa, y especialmente España, no pasarán desapercibidas para los gobiernos, que verán un fuerte encarecimiento del estado del bienestar. Para hacerlo viable, Gavin Marriott, gestor de producto de renta variable global de Schroders, aboga por la adopción de medidas políticas urgentes pues, “cuanto más se retrasen, más costes tendrán”. En este sentido, el experto valora la decisión de elevar la edad de jubilación hasta los 67 años como acertada pero insuficiente.
Las presiones demográficas que afronta Europa, y especialmente España, no pasarán desapercibidas para los gobiernos, que verán un fuerte encarecimiento del estado del bienestar. Para hacerlo viable, Gavin Marriott, gestor de producto de renta variable global de Schroders, aboga por la adopción de medidas políticas urgentes pues, “cuanto más se retrasen, más costes tendrán”. En este sentido, el experto valora la decisión de elevar la edad de jubilación hasta los 67 años como acertada pero insuficiente. “Es un comienzo, pero aisladamente es poco probable que tenga un efecto importante en los pasivos de la administración", según el informe 'La transición demográfica en Europa: perspectivas para España' elaborado por Virginie Maisonneuve, responsable de renta variable mundial de la gestora, en el que calcula un coste del envejecimiento equivalente a un 650% del PIB en España.
“El Gobierno necesita cambiar la cultura con respecto al sistema público de pensiones, incentivando las aportaciones privadas, que son menores que en Europa –representan el 2% del conjunto del sistema frente a una media de entre el 20% y el 30% en el continente -, mediante beneficios fiscales, para que la población empiece a estar dispuesta a hacer sacrificios”, asegura Marriott, que cree que la concienciación es inevitable ante la situación demográfica que afronta el país, que pasará de tener la población más joven de Europa occidental en 2005 a una de las más envejecidas en 2050. “Si el Gobierno no lo hace, tendrá que buscar otro sistema alternativo, como ofrecer pequeñas pensiones únicamente a las menores rentas”, apostilla.
En definitiva, “los ciudadanos españoles se verán obligados cada vez más a tomar las riendas de sus rentas de jubilación, para lo que necesitarán más cultura financiera y conocimientos sobre las opciones de ahorro e inversión. Nuestra conclusión para la población española es la siguiente: su futuro financiero está en sus propias manos”, dice el informe.
Desde la gestora aseguran que el aumento de la inmigración y el fomento de la natalidad no bastarán para invertir el envejecimiento y abogan por flexibilizar el mercado laboral. Sin embargo, ante la oposición que genera la idea, otra alternativa sería implantar un paquete de políticas fragmentadas, entre las que cabría citar la estabilización de la deuda, el desarrollo del mercado de vivienda en alquiler y medidas específicas para fomentar la productividad a través de la innovación y la inversión.
Schroders prevé que la población española en edad de trabajar pasará del 69% al 54%, con lo que cada vez será más difícil apoyar el crecimiento del PIB, que calcula que "el crecimiento del empleo no aporte prácticamente nada al crecimiento económico hasta 2030". A partir de ese momento, “se necesitará un crecimiento de la productividad al menos de un 1% anual para evitar que el PIB se contraiga”.
Una realidad que pondrá las cuentas públicas contra las cuerdas. Según el informe, la suma de los costes de las pensiones públicas, la salud y los cuidados a largo plazo en España se espera que alcance el 28% del PIB en 2060, cifra que supone un incremento de nueve puntos porcentuales con respecto a los niveles de 2007. Las pensiones supondrán la mayor parte de este incremento y consumirán el 15% del PIB en 2060, frente al 8% actual.
