No parece haber vuelta atrás. Michelle Bachelet creará una AFP pública y, además, escuchará a una comisión cualificada para posibles reformas en el sistema previsional chileno, uno de los grandes campos de batalla electoral en 2013. Chile fue el pionero, y muchos otros le siguieron y copiaron virtudes y defectos. El resultado ha sido de sistemas al menos hasta el momento sostenibles y que han contribuido al desarrollo del sistema financiero y de la economía de cada país. Pero con cobertura poblacional y tasa de reemplazo reducidos en comparación con otros estados, en línea con el mercado laboral.
Precisamente en Funds People Latam hemos realizado una ronda de preguntas a académicos y expertos especializados en pensiones, para conocer sus opiniones acerca de los modelos de capitalización de Latinoamérica, la AFP pública, o cuál es su sistema previsional ideal. Todos ellos estarán en Miami la semana que viene como conferenciantes, ya que la ciudad que se convertirá en centro mundial en pensiones desde el punto de vista académico con el LSE Global Pensions Programme.
“La AFP aumentaría la competencia”
Carmelo Mesa-Lago es catedrático emérito de la Universidad de Pittsburgh y uno de los economistas más reconocidos en la materia previsional. Mesa-Lago, que asesoró al Gobierno de Chile en 2008, se muestra favorable a la creación de la AFP pública. “En igualdad de condiciones a las privadas, umentaría la competencia y reduciría los costos administrativos (hay una en Uruguay – Banco de la República – que ha logrado estos resultados)”, arguye. Esto en Chile, ya que en otros países como Bolivia o El Salvador donde “no hay competencia” y el mercado de asegurados es muy pequeño, “dicha administradora pública sería aún más necesaria”.
Para Mesa-Lago, tras la reforma de 2008 el sistema previsional de Chile está entre los tres que más le gustan a nivel mundial, junto con Costa Rica y Alemania. Precisamente Chile, junto a Perú, considera que son los más avanzados en materia de inversiones, ya que tienen muy diversificadas sus carteras, todo lo contrario a lo que ocurriría en El Salvador. En cuanto a la competencia en el mercado, “México y Uruguay son los más avanzados; los menos son Bolivia y El Salvador que tienen solo dos administradoras”.
El gran problema señalado por el académico está en los costes administrativos. “He probado que son menores en los sistemas públicos”, señala. “Aunque también depende del tamaño de la población asegurada. Entre los sistemas de capitalización individual, el costo inferior es en Uruguay y Bolivia; el primero ha logrado reducir bastante con la administradora pública; en el segundo no hay ni competencia ni gastos de mercadeo; los costos más altos son en Perú”.
“La licitación ha contribuido a una mayor competencia”
Solange Berstein es una de las personas que mejor conoce el sistema previsional chileno. No en vano, ha sido Superintendenta de Pensiones desde 2006 hasta este año, y ahora será presidenta del Consejo Asesor para Latinoamérica de Novaster. Berstein destaca los avances de muchos países, que han conseguido reducir las comisiones soportadas por el afiliado, aunque reconoce que “aún pueden ser consideradas altas y existe espacio para mayor eficiencia y competencia”. No obstante, “En el caso de Chile y Perú la licitación ha contribuido a una mayor competencia, en el caso de México también se han tomado medidas”.
La ex Superintendenta, para la que Inglaterra, Australia y Suecia son sus sistemas favoritos de pensiones y en Latinoamérica Chile, Perú y México, muestra dudas con la AFP pública. “Debe tener claros objetivos y cuidar mitigar potenciales riesgos como competencia desleal y uso de las inversiones para fines distintos”, avisa.
Durante el último año de su mandato al frente de la institución, Felices y Forrados levantó mucha polvareda al provocar traspasos masivos. Berstein cree que debe regularse y fiscalizarse la asesoría previsional, “ya que existe asimetría de información entre quien presta asesoría y quien la recibe, por lo que es necesario establecer, al menos, requisitos respecto a los conocimientos que debe tener quien presta asesoría, sobre la información que debe entregar a la gente, he incluso la responsabilidad que implica el entregar asesoría no adecuada”.
La AFP pública conlleva peligros
Presidente de Novaster y profesor de la Universidad de Barcelona, Diego Valero lleva muchos años estudiando los diferentes sistemas de pensiones de todo el mundo, con hincapié en Latinoamérica. Ahora, se muestra escéptico con el levantamiento de la administradora del Estado. “La competencia del sector público conlleva peligros”, explica, “como la tendencia a la cautividad de los trabajadores del propio sector público, u otros que se pueden evitar si se exigen exactamente las mismas reglas de juego para todos, en especial la profesionalidad de los gestores y la independencia del poder público”. Avisa, además, de que puede haber problemas de competencia desleal o conflicto de intereses con el régimen de inversiones “si no hay una estricta regulación y supervisión independiente”.
Valero indica que los regímenes de inversión deben estar considerados desde la óptima prudencial en su regulación, y deben permitir un horizonte amplio de inversiones, tanto por tipo de activo como situación geográfica. “Chile seguramente está entre los más avanzados en esta materia, también Perú está avanzando”.
Coincide con Berstein en dos de los tres sistemas de pensiones que más le gustan, Australia, Suecia y Canadá, y en Latinoamérica señala a Costa Rica y la evolución del modelo chileno. No obstante, en nivel de competencia cree que el más avanzado es Uruguay en contraposición de Bolivia, y avisa de que en general “se debería caminar hacia un sistema de comisiones fijas bajas, sobre saldo, y con incentivos a largo plazo en función de indicadores de rentabilidad y riesgo”.
“El sistema ideal debe ir de la mano con un mercado laboral ideal”
Más allá de señalar el sistema de pensiones ideal, Santiago Montenegro considera que hay que evaluarlo junto con el mercado laboral. “El sistema ideal debe ir de la mano con un mercado laboral ideal e incluir un ‘piso de protección social’ con cobertura universal y un componente contributivo. En términos de países creo que lo más cercano es una combinación del sistema chileno, con bajos niveles de informalidad y subsidios focalizados en las poblaciones más vulnerables”, señala el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) y vicepresidente de FIAP.
Montenegro avisa de que el tema de la AFP pública se debe revisar con profundidad., ya que su creación “no mejorará la cobertura, las tasas de reemplazo o la equidad. De otro lado, es importante que la AFP pública se rija por las mismas reglas que cualquier administradora privada y que se generen mecanismos que eviten los conflictos de interés generados al ser el gobierno emisor, regulador e inversionista al mismo tiempo”.
Como ejemplos contrapuestos en el régimen de inversiones, se queda en ambos casos en su país. “Considero que el régimen de inversiones del Régimen de Ahorro Individual en Colombia está muy bien pensado y se ha ido desarrollando a la par con las necesidades del mercado. El que menos me gusta también está en Colombia; el Régimen de Prima Media no cuenta con reservas para respaldar los pasivos ya generados ni los que hoy en día se están creando”.
“Latinoamérica aún no logra que exista una verdadera competencia”
Para Omar Iván Martínez, ex Superintendente de Pensiones de El Salvador y ex presidente de la la Asociación Internacional de Organismos Supervisores (AIOS), Chile y Perú son los estados que pueden ser mejor catalogados en cuanto a nivel de competencia. Sin embargo, avisa de que “Latinoamérica aún no logra que exista una verdadera competencia entre los proveedores de estos servicios”.
En cuanto al levantamiento de una nueva AFP en Chile, pero estatal, expone que “más que sea pública o no, lo importante es que habrá un nuevo competidor y ello debería mejorar al sistema en términos de competencia, opciones de inversión y calidad de servicio al afiliado”. Si se hace bien, prosigue, no tendría que haber problemas o riesgos de competencia desleal o conflicto de intereses. Para ello es necesario que tenga “una visión empresarial, aunque su capital social debe ser propiedad de una o más instituciones públicas, como ocurre en Uruguay. Si la AFP pública nace con privilegios, no tiene sentido que las demás continúen en el sistema”.