Reformas pendientes de realizar para mejorar la viabilidad del sistema de pensiones

foto
-

TRIBUNA de José Mauro Pozo Gómez, asesor financiero y asociado EFPA nº 14138.

Antecedentes

Los anteriores gobiernos han implementado una serie de reformas en los últimos años:

Reforma del año 2011 aprobada por el Gobierno del PSOE:

- La edad legal de jubilación pasa de los 65 a los 67 años de forma paulatina hasta 2027. No obstante, quien acumule 38,5 años cotizados se podrá seguir jubilando a los 65 años.

- Ampliación de modo gradual (desde 2013 hasta 2022) desde los 15 hasta los 25 últimos años, el período computable de la vida laboral para calcular la pensión de los nuevos pensionistas.

- Se amplía también gradualmente de 35 a 37 el número de años que hay que cotizar para acceder al 100% de la pensión.

Reforma del año 2013 aprobada por el Gobierno del PP:

- Desvinculación de la subida de las pensiones de la subida de la inflación. En función de los ingresos y gastos del sistema, la inflación media y la diferencia entre las altas y las bajas de la Seguridad Social, las pensiones subirán como mínimo un 0,25% y como máximo el IPC más un 0,50%. Esta parte de la reforma se aplica desde 2014, por lo que los pensionistas se garantizan así una revalorización del 0,25%.

- Factor de sostenibilidad. Ya se introdujo en la anterior reforma para su aplicación a partir de 2027. Lo que se hace con la reforma de 2013 es adelantar su aplicación al año 2019. No obstante, los propios expertos consultados por el Gobierno aconsejaban que entrara mucho antes en vigor. El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste automático de las pensiones que condiciona el importe inicial de la prestación a la esperanza de vida en el momento de calcularla.

Reformas pendientes

Los cambios realizados por el Partido Popular y el PSOE en sus etapas de gobierno han sido necesarios pero no suficientes para paliar la situación del sistema de pensiones. A continuación, paso a describir brevemente algunas de las medidas y reformas necesarias para mejorar las perspectivas de viabilidad del sistema y en un sentido más amplio, para que los futuros pensionistas tengan una jubilación lo más digna posible:

1) Concienciación de la necesidad de un ahorro privado para la jubilación:

Se debe informar a los cotizantes a la Seguridad Social acerca de las pensiones públicas que previsiblemente percibirán el día de mañana. También es necesario un correcto asesoramiento por parte del sector financiero acerca de cuánto y cómo ahorrar para complementar sus ingresos el día de mañana.

En cuanto a la información que reciben los cotizantes, el Gobierno anunció en un primer momento que desde 2014 los mayores de 50 años recibirían una carta al año pero no se ha llevado a la práctica. No obstante, aunque se hubiera hecho sería claramente insuficiente y por supuesto se debería ampliar también a los menores de 50 años.

En porcentaje del PIB, el capital acumulado en planes de ahorro para la jubilación es muy inferior en nuestro país con respecto a otros países de nuestro entorno. En concreto, en los países de la OCDE, el patrimonio en fondos de pensiones supone, de media, el 67% de su PIB, mientras que en España sólo es el 9%. En España, además, solo el 21% de los partícipes tienen menos de 40 años.

2) Incentivar los planes de ahorro promovidos por las empresas que estén orientados a complementar los ingresos de sus empleados una vez jubilados.

3) Reducir la tributación y favorecer la liquidez de los distintos productos de ahorro e inversión destinados a la jubilación. Las ventajas fiscales deben ir condicionadas al rescate del producto en el momento de la jubilación.

4) Se debe eliminar la deducción fiscal de los planes de pensiones porque los ahorradores utilizan estas deducciones para generarse un ahorro fiscal y no con el objetivo de complementar sus ingresos durante la jubilación.

5) Aumentar la simplificación, transparencia e información acerca de todos los productos de ahorro que los ciudadanos tienen a su disposición para poder contratar. De esta manera, los bancos y aseguradoras competirían entre sí por ser mejores y más baratos para el cliente. Se deben incluir los miles de fondos de inversión que se comercializan en España como posible producto de ahorro para la jubilación.

6) Separar las fuentes de financiación. Se debe financiar vía impuestos las pensiones de viudedad y orfandad así como los gastos de personal y gestión y las bonificaciones al empleo.

7) Bajar las cotizaciones a la Seguridad Social.

8) Implantación gradual de un modelo de contribución mixto obligatorio en sustitución del actual modelo de reparto obligatorio. Se trataría de un sistema similar al de Suecia.

9) Calcular la pensión en base a toda la vida laboral.

10) Establecer las pensiones mínimas en base a la renta total de sus perceptores.

11) Adecuar la edad efectiva de jubilación a la edad teórica señalada por la reforma de 2011.

12) Mejorar la flexibilidad del sistema en cuanto a la percepción de las pensiones.

13) Acortar los plazos para la puesta en marcha con todos sus efectos de las reformas de 2011 y 2013.

14) Mejorar la proporcionalidad entre lo aportado vía cotizaciones sociales y lo recibido vía pensiones (contributividad de las pensiones).

15) Alargar la edad de jubilación.

16) Intensificar y hacer más eficientes los esfuerzos para florecer la economía sumergida.

17) Políticas activas de empleo que mejoren la orientación laboral de los jóvenes desde edades muy tempranas.

18) Incentivar los contratos indefinidos con cambios en la regulación laboral en lugar de con bonificaciones temporales que reducen los ingresos de la Seguridad Social.

19) Fomentar la natalidad. Para ello se debería facilitar la conciliación laboral y familiar entre otras medidas.

20) Gran pacto nacional por las pensiones.

Reformas a evitar

1) Sufragar de forma indefinida el déficit del sistema de pensiones con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

2) Rebajar las pensiones.

3) Aumentar el importe de las cotizaciones.