Uno de los objetivos de MiFID II es reforzar la protección a los inversores, para lo que la directiva europea ha puesto el foco en mejorar la transparencia y acabar con los conflictos de interés. Esta es la idea que subyace detrás de novedades como la prohibición de pagar retrocesiones a los distribuidores o del concepto de unbundling (literalmente, desempaquetar, separar los distintos bultos o lotes) por el que las autoridades europeas exigirán a las gestoras comunitarias que desglosen los diferentes conceptos por los que cobran comisiones a sus clientes.
En este sentido, uno de los aspectos que ha levantado más ampollas es el hecho de que las gestoras ya no podrán incluir como coste de gestión, sin más detalles, el dinero que le pagan a brokers y analistas externos por las ideas de inversión y el análisis relacionado. El objetivo, una vez más, es limitar los conflictos de interés –por ejemplo, evitando que haya un sesgo hacia aquellos intermediarios que ofrecen sus análisis gratuitamente a cambio de que la gestora opere con ellos, aunque la operación no vaya necesariamente en beneficio del inversor– y mejorar la transparencia –que el inversor sea consciente de cuánto se gasta la gestora en análisis externo y que la gestora pueda controlar y justificar mejor ese gasto ya que, si el coste no está desglosado, puede haber cierta tendencia a gastar en exceso.
En Reino Unido, donde el mercado va un paso por delante del resto de Europa gracias la introducción de la Retail Distribution Review (RDR) en enero de 2013, las gestoras llevan ya algún tiempo lidiando con estas cuestiones. Aunque muchas firmas esperarán a que se publique la versión final de la directiva (cuya introducción se ha pospuesto hasta 2018), otras han decidido adelantarse, por lo que se van perfilando tres modelos que podrían marcar la pauta de lo que viviremos en el resto de Europa en los próximos años, tal y como detalla FTAdviser (publicación del grupo Financial Times).
El modelo Baillie Gifford: la gestora paga por el análisis
Desde principios de 2016, Baillie Gifford asume el coste del análisis que obtiene de proveedores externos y no se lo repercutirá a sus clientes. Así, las comisiones de negociación cobradas desde el 1 de enero de este año cubren únicamente el coste de intermediación bursátil.
Otras gestoras como Woodford Investment Management (la boutique de Neil Woodford) han anunciado que también se harán cargo del coste de análisis y algunos expertos creen que esta podría acabar convirtiéndose en la opción mayoritaria.
El modelo Majedie: desgloso, luego cobro
La boutique británica lleva tres años desglosando el coste de ejecución y de análisis en sus informes trimestrales y también ofrece el detalle de las comisiones que cobra en su página web.
Este modelo, por el que la gestora se limita a ofrecer información transparente sobre sus costes pero se los repercute al cliente, podría considerarse de mínima intervención.
El modelo LGIM: se establece un presupuesto de análisis
Legal and General Investment Management ha optado por un modelo mixto en el que cada uno de sus fondos de renta variable cuenta con un presupuesto definido para análisis externo. El coste de este presupuesto se ha añadido a la comisión de gestión del fondo lo que, en la mayoría de los casos, ha supuesto un incremento de 10-15 puntos básicos.