Uno de los puntos más polémicos del último borrador de MiFID II –la revisión de la directiva que gobierna el mercado de instrumentos financieros de la Unión Europea– es la propuesta de prohibir el uso de comisiones para pagar por el análisis realizado por terceros, algo que podría impactar de forma significativa al sector de la inversión y la gestión de activos. Los expertos de Integrity Research –consultora estadounidense especializada en el sector del análisis de inversiones– han decidido investigar más a fondo esta cuestión, con el fin de determinar quién saldría ganando, y quién se vería perjudicado, si la propuesta se acaba aprobando.
Los ganadores
En opinión de Michael Mayhew, presidente de Integrity Research, los dueños de los activos serían los más beneficiados por la nueva norma: “Tanto la FCA como ESMA argumentan que los dueños de los activos (fondos de pensiones, aseguradoras e inversores minoristas) han venido pagando demasiado en comisiones por el análisis externo que usan los gestores de inversión porque estas comisiones no se han gestionado eficientemente”. Sin embargo, Mayhew cree que obligar a las gestoras de activos a usar sus propios recursos para pagar por este análisis no implica necesariamente que este gasto vaya a reducirse e incluso podría suponer un incremento de las comisiones de gestión.
De hecho, Mayhew anticipa que las gestoras de activos más grandes podrían optar por pagar por el análisis y ganar cuota de mercado a costa de los competidores más pequeños, para los que el análisis externo resultará mucho más costoso. “Es posible que se produzca cierta consolidación en la industria y que las gestoras más grandes absorban a otras más pequeñas como consecuencia del incremento de costes asociado con la implementación de MiFID II”.
Un tercer grupo que podría verse beneficiado es el de los proveedores de software, para los que la nueva directiva europea abre una interesante oportunidad comercial en el ámbito de los servicios de administración y gestión del análisis externo.
Los perdedores
Pero no todo son ventajas. Como ya se ha mencionado, las gestoras de activos de menor tamaño podrían verse especialmente penalizadas por la prohibición de financiar el análisis externo mediante comisiones porque el impacto del coste será mucho mayor que en el caso de las gestoras más grandes, “una situación que también dificultará la creación de nuevas gestoras”, apunta Mayhew.
Los bancos de inversión y las firmas de análisis independientes también verán su negocio mermado por la más que probable reducción de los presupuestos que las gestoras dedican ahora mismo al análisis. Sin embargo, según varias encuestas realizadas por Integrity Research, no todas estas empresas se verán afectadas por igual. “Es probable que los bancos de inversión especializados en ciertos sectores mantengan los ingresos que generan por sus servicios de análisis gracias a este profundo conocimiento”, señala Mayhew. En el caso de las firmas independientes, aunque podrían sufrir a corto plazo, “con el tiempo deberían resistir mejor que muchos bancos de inversión ya que están más habituadas a cobrar por sus servicios de forma desagregada”.
Pero quizás el aspecto más preocupante de la nueva norma es el impacto que puede tener en las empresas de pequeña y mediana capitalización y, finalmente, en los inversores minoristas. En el caso de las primeras, el recorte de los presupuestos se traducirá en una menor cobertura por parte de los bancos de inversión y las firmas de análisis, lo que provocará un aumento del coste de capital para estas empresas. En el caso de los inversores, si bien podrían beneficiarse de una reducción del coste del análisis, hay otros dos factores que podrían resultar mucho más dañinos.
Como explica Mayhew, “numerosos estudios académicos han demostrado que las gestoras más pequeñas suelen generar mejores rentabilidades que las grandes. Sin embargo, es probable que MiFID II fomente la consolidación de las gestoras más pequeñas, lo que acabará traduciéndose en peores rentabilidades”. El experto cree además que una menor competencia en el sector de la gestión de activos podría acabar provocando un aumento de las comisiones de gestión. “Lo que nos preocupa de la propuesta de MiFID II es que, probablemente, las consecuencias imprevistas tendrán un impacto mucho más importante que los beneficios que persiguen los reguladores”, concluye.