En el mercado español, los ETF presentan varios problemas que dificultan su adopción. En particular, y pensando exclusivamente en su adopción por el público retail y su distribución por parte de las instituciones financieras, existen dos que son muy claros. El primero es el diferente tratamiento fiscal para las personas físicas entre fondos y ETF. El segundo es que los ETF, debido a sus bajos costes de gestión, no tienen ningún margen de maniobra para ofrecer incentivos a la comercialización como sí suelen hacer los fondos. Así, la distribución de ETF siguiendo el modelo de fondos tradicionales no proporciona ningún atractivo comercial al distribuidor.
Sólo en modelos que incorporen la prestación de un servicio añadido a su cliente final, como el asesoramiento o la gestión de carteras, puede resultar atractivo para el distribuidor utilizar ETF. Pero, de nuevo aquí, la fiscalidad distorsionante entre los ETF los y fondos impide, en la práctica, el crecimiento de su uso en inversores que tributan en IRPF.
El otro modelo de comercialización, mucho más discutible desde lo que nos enseñan las finanzas del comportamiento, es el canal del brokerage. La compra y venta de ETF, como de acciones, CFD o de cualquier otra cosa que cotice, es una excelente fuente de ingresos para cualquier institución que promueva activamente dicha operativa. No está claro que sea también una excelente fuente de ingresos para los inversores.
Si resulta que, en muchos casos, el ETF es un mejor producto a largo plazo que el fondo, puesto que la réplica del índice con costes bajos parece ofrecer mejores resultados que una parte importante de la gestión activa, ¿por qué la fiscalidad penaliza al ETF para los clientes qué más podrían beneficiarse de su uso prudente? ¿Y por qué no se explotan más los canales o mecanismos para hacer llegar esos beneficios a esos mismos clientes… sin que sea fomentando un uso cortoplacista del instrumento que no puede ser el más adecuado para la mayor parte de los pequeños inversores?