Victor Cuenca, Allfunds Bank, Director Latinoamérica A muchas de las personas que trabajamos en el sector financiero y más en particular en cualquier área relacionada con los fondos de inversión, no deja de sorprendernos la madurez del sistema chileno de pensiones. Más aun cuando en España nos encontramos inmersos en el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones ante el previsible déficit futuro de la Seguridad Social, y cuando surge la discusión entre los partidarios y detractores de nuestro sistema de reparto.
El sistema chileno de pensiones está basado en un esquema multipilar. Incluye un primer pilar no contributivo conformado por un sistema público, un segundo pilar basado en la capitalización individual obligatoria de los trabajadores dependientes y un tercer pilar basado en inversiones de ahorros voluntarios. Se puso en funcionamiento en 1981 y, en sus más de 25 años de historia se han producido todo tipo de modificaciones regulatorias para mejorar tanto sus posibilidades de inversión como su cobertura. Los afiliados aportan un 10% de su remuneración de forma mensual (hasta ciertos límites) y existe libertad para elegir la gestora de esos fondos (Administradora de Fondos de Pensiones) entre las cinco existentes en la actualidad. En enero de 2000 se da el primer paso en la línea de la creación de los multifondos, comenzándose a ofrecer el “Fondo 1” y el “Fondo 2”. A partir del año 2002 se ponen a disposición de los afiliados cinco distintas opciones (A, B, C, D y E), que se diferencian por la proporción de activos invertidos en renta variable y renta fija. En el caso del Fondo A la inversión en renta variable puede variar desde un 40% a un 80%, el Fondo E puede invertir un máximo de un 5% en renta variable. Es la creación de los multifondos lo que termina por convertir a los fondos de pensiones chilenos en unos activos inversores en fondos de inversión en el extranjero y en particular en UCITS III y fondos registrados en Estados Unidos.
Este sistema ha servido de base para otras muchas reformas de los sistemas de pensiones que se han ido produciendo en Latinoamérica. Así, a principios de los 90, sirvió de referencia a países como Perú, Colombia y México, y hacia finales de la misma década a otros países de Europa del Este como Hungría, Polonia, Bulgaria o Croacia entre otros. En el caso peruano y mexicano, se han creado también sistemas que ofrecen multifondos a sus afiliados.
No han faltado tampoco las críticas al sistema de pensiones chileno: la baja afiliación conseguida entre los trabajadores independientes (que no tienen obligación legal de aportar), el alto coste de las comisiones cobradas por las Administradoras, la concentración del mercado, etc. Pero sin duda la más importante que se ha planteado, está entorno al porcentaje de afiliados que no lograrán una pensión mínima tras su jubilación y que por tanto necesitaran del aporte adicional estatal para completarla. Según distintos estudios este porcentaje varía desde un 10% que plantean algunos actores del mercado, hasta un 40% que señalan otros.
En cualquier caso, y a pesar de las críticas, son muchas las fortalezas de disponer de un sistema como el de capitalización individual obligatoria. La administración privada de las inversiones, la libertad de elección del gestor, el incremento de los trabajadores protegidos por el sistema previsional o el incentivo que supone al inversor saberse dueño de su inversión, están entre ellas. Desde la creación del actual sistema de pensiones en Chile, se ha generado además un importante incremento en el ahorro y se ha evitado una acumulación del déficit del Estado. ¿Es el sistema a seguir? El debate sigue abierto.
