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MiFID II obligará a las entidades que asesoran a ajustar su modelo de negocio


El impacto de MiFID II será palpable y se traducirá en ajustes en el modelo de negocio de las entidades que prestan servicios de asesoramiento, sobre todo aquellas que cobran retrocesiones, según las conclusiones de Lucrecia Mosquera, técnico de la Dirección de Autorización y Registro de Entidades de la CNMV. Con sus datos, actualmente solo hay 62 empresas que cobran incentivos mientras 289 cobran directamente del cliente, si bien la cantidad que se genera por el primer concepto (45,4 millones de euros el año pasado) es mayor que lo ganado por el segundo (34,4 millones). “Hay menos entidades que cobran incentivos, pero su importe es mayor, lo que indica que MiFID II afectará de forma importante al sector que depende de las retrocesiones”.

Por eso Mosquera considera que la normativa conducirá a ajustes de negocio, sobre todo en las grandes entidades que recomiendan producto propio o del grupo al que pertenecen y en general en todas aquellas que cobran retrocesiones, además de derivar en mayores exigencias de información, según indicó en la tercera edición de la conferencia “Gestores patrimoniales y agentes financieros de banca privada 2013” organizada por iiR España y patrocinada por Andbank, Bankinter y Hiscox.

Allí explicó las ideas que se están discutiendo para que MiFID cumpla uno de sus tres principales objetivos: mejorar la independencia del asesor (los otros dos son ampliar el concepto del asesoramiento y definir el seguimiento de las recomendaciones). Para ello, se creará la nueva figura del asesor financiero independiente, al que se exigirá emitir sus recomendaciones tras haber valorado una amplia gama de productos de diferentes proveedores y se prohibirá cobrar retrocesiones. Con estos criterios, cualquier entidad que haga asesoramiento, ya sea banca privada, empresa de servicio de inversión o EAFI, se definirá como independiente o no independiente.

Aunque el nivel II de la norma aún tendrá que definir qué se entiende por “amplia gama” y por “diferentes proveedores”, Mosquera cree esto ya pone sobre aviso acerca de la tendencia de la industria y hace una llamada de atención a los asesores que recomiendan producto propio o de su grupo, o a los que reciben incentivos de sus proveedores, para que empiecen a pensar si quieren cambiar su modelo y ser independientes o seguir cobrando retrocesiones pero no poder considerarse como tales.

Por su parte, aquel que no sea independiente sí podrá cobrar esos incentivos (aunque la norma deja espacio a los reguladores nacionales para que hagan mayores limitaciones si lo desean) pero deberá ampliar la información que da al cliente: si hasta ahora se informa de la existencia de una política general de incentivos y se da al cliente la posibilidad de entrar en detalle (algo que en la práctica éste no exige), ahora el asesor tendrá que dar desde el principio toda la información concreta sobre los incentivos que resultan de la materialización de las recomendaciones realizadas. 

Independientes o no

Con estas pautas sobre la mesa, en un mercado que aún no tiene conciencia de la necesidad del pago por el asesoramiento y en el que no todas las entidades pueden sobrevivir solo del cobro directo, la duda es si las empresas de asesoramiento estarán dispuestas a sacrificarse para lograr la etiqueta de independiente. Para Emilio Andreu, director de Agentes & EAFI de Andbank, la respuesta es negativa pues no todas podrán salir adelante sin el cobro de incentivos, sobre todo en el caso de las EAFI. “La actual dependencia de las retrocesiones es más elevada de lo que parece y es complicado que popularice la figura de la EAFI independiente”, dice.

Andreu apuesta más bien por la transparencia y considera que la medida de prohibir los incentivos es contraproducente, porque los bancos acabarán vendiendo producto propio, aun a costa de no ser independientes y las EAFI de este tipo tampoco progresarán. “Si la prohibición sale finalmente adelante no habrá un desarrollo explosivo del término independiente”, apostilla. La situación cambiaría, dice, si se obligara a pagar al cliente en las entidades bancarias por la actividad de asesoramiento, lo que llevaría a los inversores a buscar la excelencia en las independientes.

Otros asesores rechazan también que la prohibición ayude a fomentar la indepencia y creen que ello podría derivar en menos asesoramiento independiente y en el veto a este servicio al pequeño ahorrador por su carestía, al igual que está provocando la aplicación de la RDR en Reino Unido. Con todo, algunas EAFI que basan su modelo de negocio en el cobro directo al cliente consultadas por Funds People consideran que ese negocio sí puede ser viable y rechazan la fórmula que supondría poner en el mismo saco de independientes a empresas de asesoramiento financiero y grandes bancas o agentes.

En fase de debate

Con todo, las propuestas de directiva y reglamento de MiFID II están debatiéndose aún en la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y no hay una versión definitiva de cómo se definirán finalmente sus tres objetivos. Las perspectivas de un acuerdo a finales de 2013 y su aprobación en 2014 hacen previsible que la ley entre en vigor en 2016.

La normativa, que establece nuevas normas de conducta, trata de corregir los errores de MiFID I, que según Mosquera no ha funcionado por causas como "la crisis financiera, el crecimiento de productos financieros complejos difíciles de comprender pero populares en un contexto de búsqueda de rentabilidad, el dilema de las entidades entre mejorar su solvencia y sobrevivir o proteger al cliente, la existencia de conceptos imprecisos como el mismo asesoramiento y la falta de convencimiento del cambio profundo que supone la normativa, que muchos entendían como mera burocracia".

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