Que la sostenibilidad de nuestro futuro sistema de pensiones esté en entredicho no es una noticia nueva, pero sí puede serlo el cálculo de la magnitud del “agujero”. Según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, si en 1750 la esperanza de vida al nacer de un individuo en un país occidental estaba por debajo de los 40 años, en el año 2010, ese individuo cumplía de media los 80 años en países como Japón, Nueva Zelanda o los países nórdicos. Esta tendencia no es nueva, ya que desde los inicios del pasado siglo es continua, gradual y positiva.
Afortunadamente, el hecho de que cada vez vivamos más es beneficioso, tanto para la sociedad en la que vivimos como para el individuo, pero las implicaciones financieras de este hecho tienen otra lectura. Según el “Pension Outlook” publicado por la OCDE, sólo durante los últimos 50 años, la esperanza de vida al nacer en los países desarrollados ha aumentado en más de siete años y, sin embargo, aún la mitad de los países de la OCDE sigue manteniendo anclada la edad de jubilación de su fuerza laboral en los 65 años y en otros 14 países solamente se ha elevado entre dos y cuatro años, hasta los 67 y los 69 años. Claramente insuficiente y un problema más a solventar.
Dentro del denominado riesgo soberano y la futura estabilidad de la zona euro, el informe del Banco Central Europeo -haciendo referencia al “The 2012 Ageing Report” de la Comisión Europea- deja claros los retos futuros. Aunque muchos de nosotros ya no estaremos aquí por mucho que aumente la esperanza de vida, el informe indica que la ratio de dependencia, definida como población por encima de 65 años frente a la población trabajadora –es decir, la comprendida entre los 20-64 años-, casi se doblará, pasando de un 30,1% en el año 2010 al 58,4% en el 2060.
Sin embargo, un análisis de sensibilidad más profundo aporta conclusiones muy significativas: según el FMI, si hoy todo el mundo viviera tres años más de lo que se espera, el valor presente de los gastos adicionales por vivir esos tres años representarán, aproximadamente, entre un 25%-50% del PIB mundial y, sin muchas matizaciones, la mayoría de este riesgo va a caer en los sistemas públicos de protección y, en menor medida, en las compañías de seguros o los fondos de empleo de prestación definida. Es lo que se denomina “longevity risk”. Para llegar a este cálculo, el concepto utilizado es el llamado “replacement rate”, que se define como el ingreso aproximado que se necesita para mantener un nivel de vida de “jubilado”, éste estima que, aproximadamente, un jubilado necesitará entre el 60% y el 80% de la renta que tenía antes de retirarse.
Para poner todo esto en perspectiva, el FMI estima que este error de tres años medido en términos de deuda sobre PIB significaría que economías como Alemania aumentarían su ratio en 65 puntos porcentuales; Estados Unidos, en 45; Japón, en 75, o, España, en 45.
En este sentido, para dimensionar justamente este problema, la esperanza de vida al nacer pierde sentido y lo que verdaderamente importa en el “longevity risk” es la esperanza de vida al final de la existencia del individuo. En Europa, a modo de ejemplo, la esperanza de vida a la edad de 60 años ha aumentado desde 15 años en 1910 a 24 años en 2010, y se espera que aún crezca más, aproximadamente en uno o dos años por cada década.
La sostenibilidad de las jubilaciones en España
Por ello, el factor de sostenibilidad supone una revisión del sistema de jubilaciones para que, dentro de las tendencias demográficas sobre la evolución de la esperanza de vida, se vayan ajustando las pensiones a la realidad demográfica, tomando en cuenta la sostenibilidad del sistema.
Siendo un poco más locales y centrándonos en nuestro país, parece que las noticias nos indican que vamos en buena dirección. Nuestras autoridades parece que han tomado buena nota de todo lo anterior, no sabemos si pensando más en el corto plazo -queriendo lanzar un contundente mensaje de compromiso ante las autoridades europeas de reducción del déficit público en el largo plazo- o siendo realmente conscientes de las enormes dimensiones del problema real de futuro que se acerca cada día. Lo cierto es que, de una manera u otra, la anunciada reforma del Pacto de Toledo por parte del Gobierno con independencia de que, además y entre otras, se regulen/dificulten las jubilaciones anticipadas -solución más cortoplacista-, parece que se incluirá el ya denominado factor de sostenibilidad. En principio, se estima un ahorro del 0,5% del PIB los primeros diez años y del 1% los diez siguientes, para tener una aplicación máxima entre el 2030 y el 2050.
En conclusión, en este terreno nos moveremos entre las tendencias a pensar en “cuán largo me lo fiais” de José Zorrilla y el “que muero, porque no muero” de San Juan de la Cruz. Esperemos que éste no sólo sea un tema para que se escriban informes, sino que se tomen las decisiones correctas desde aquí a esa fecha.
