El Gobierno español tiene previsto imponer un techo de rentabilidad en las nuevas emisiones de deuda de las comunidades autónomas, que no podrán superar los 100 puntos básicos con respecto a la deuda nacional, según una información de Bloomberg. Los gestores españoles de renta fija se toman la noticia con cautela.
Por un lado, valoran los efectos positivos que tendría, en la medida que la menor competencia de las emisiones autonómicas lograría reducir el déficit del Estado central y mejorar su situación en cuanto a financiación, lo que ayudaría a reducir la prima de riesgo –de comunidades y Gobierno central– y tendría un efecto beneficioso en sus carteras. Pero por otro son conscientes de que la decisión podría dificultar la financiación de las comunidades con primas muy elevadas, al reducir el atractivo para inversores como ellos.
Todos coinciden en que el paso dado tiene sentido: “Es normal, si el mismo Gobierno garantiza la financiación de las comunidades no le interesa que sus emisiones tengan unas tires disparatadas”, dice Fernando García de la Serrana, director general de Gestifonsa, sociedad gestora del grupo Banco Caminos, mientras David Ardura, gestor de Gesconsult, tilda la decisión de “lógica”.
Es más, podría tener consecuencias positivas en las carteras de aquellos que tienen papel de las comunidades autónomas actualmente, que se apreciaría. En el caso de los bonos de las comunidades autónomas más “seguras”, porque tenderían a diferenciarse de aquellos en los que el diferencial máximo superará en 100 puntos básicos al de la deuda del país. Como ejemplo, la deuda de la comunidad de Madrid, que Gesconsult tiene en cartera y que cotiza unos 80 puntos básicos por encima de la de España, tendería a estar más cerca de la nacional, lo que beneficiaría a sus tenedores. La de las comunidades más problemáticas o que ya han solicitado ayuda al estado, como Cataluña, Valencia o Andalucía, situarían su prima en ese límite, según los expertos.
Las dudas
Una situación que aumentaría el atractivo relativo de dichas comunidades en teoría, si bien los gestores no lo tienen tan claro. Aunque valoran que el gobierno las apoye, consideran que la inversión en esas comunidades más problemáticas con menores tires les resta atractivo. “Para el Gobierno es una buena medida porque como responsable, junto con las comunidades, de sus déficits, limita el tipo de financiación reduciendo significativamente la deuda en el caso de algunas de ellas. Pero desde el punto de vista del inversor pierden atractivo”, dice María Morales Calvo, gestora de Banco Madrid.
Ardura coincide en que la garantía del Estado es importante pero no está dispuesto a comprar a gran escala por su componente de riesgo, máxime si se limita su rentabilidad en las nuevas emisiones. “Por motivos de diversificación puede ser interesante pero la idea es tener un porcentaje pequeño y no gran concentración”, dice. En los últimos meses, el bono de Cataluña, dependiendo de los plazos, ha ofrecido retornos de hasta por encima del 10%. “Siempre estamos dispuestos a comprar donde haya oportunidades, pero con una mínima calidad crediticia”, matiza.
Esa situación también limita las rentabilidades futuras de sus fondos. García de la Serrana, con sus inversiones en deuda de comunidades como Navarra, Madrid o País Vasco, ha obtenido retornos de en torno a 100 puntos básicos por encima del bono español en los mismos plazos, algo que podría reducirse en el futuro si sigue invirtiendo en esas comunidades "de mayor calidad".
En definitiva, la medida podría dificultar el acceso a los mercados de la deuda de las comunidades autónomas, que podrían verse obligadas a acudir al Fondo de Liquidez Autonómica. Pero García de la Serrana cree que la medida del Gobierno “les obligará a recortar gastos”, y a mejorar su calidad crediticia.
