España ha hecho los deberes relativos al cumplimiento de las normas sobre los fondos monetarios y su supervisión que la autoridad de los mercados europea, ESMA, introdujo en 2010. Según un informe elaborado por la autoridad en el que examina la aplicación de esas directrices y las divergencias entre los supervisores, España figura como uno de los 20 países que han traspuesto la normativa antes de julio de 2012 (la obligación era hacerlo en julio de 2011) y aprueba en el cumplimiento de los cuatro pasos que analiza ESMA: las directrices generales, las relativas a los fondos monetarios de corto plazo, las de los fondos monetarios y la transposición a la legislación nacional, si bien ésta se produjo con seis meses de retraso (a finales de 2011).
El informe muestra que más de dos tercios de las 20 jurisdicciones que han implementado la normativa lo ha hecho a través de normas obligatorias, mientras una minoría ha usado medidas sin fuerza de ley. España está en el primer grupo y además determinó en julio del año pasado que "todos los fondos monetarios han de ser UCITS y adaptar sus carteras antes del 1 de julio de 2013", recuerda ESMA, con lo que no habrá margen para monetarios alternativos. Tres fondos monetarios de corto plazo y 31 monetarios –con 160 y 4.127 millones de euros en activos respectivamente– figuraban como no UCITS cuando ESMA realizó su informe en julio de 2012, por lo que tendrán que adaptarse o dejar de ser monetarios dentro de apenas tres meses. En otros países, como Grecia o Eslovenia, no existen los monetarios no UCITS.
Además de aplicar la normativa, la CNMV tiene la posibilidad de retirar licencias o imponer sanciones si los fondos o las gestoras no cumplen las directrices. El supervisor es uno de los más implicados en su cumplimiento: en 2012, realizó una revisión general de las políticas de inversión y lleva a cabo exámenes periódicos sobre precios de mercado de los activos ilíquidos y análisis de las rentabilidades diarias de los fondos para detectar retornos atípicos, resultado de errores en el cálculo del valor liquidativo o de la inclusión en cartera de activos no aptos. España detectó el año pasado, junto a Luxemburgo, Lituania y Dinamarca, fondos monetarios, UCITS y no UCITS, que incumplían las directrices. Sobre todo, por la calidad de ciertos activos en cartera.
Deberes hechos
Según el informe de ESMA, España cumple las normas en cuanto al uso de la etiqueta de los fondos monetarios UCITS y no UCITS y su supervisión, la distinción entre monetarios y monetarios de corto plazo y su inclusión en el documento simplificado junto al indicador de riesgo. También cumple en lo referente a los monetarios de corto plazo, al pedir a las gestoras que vigilen la calidad de las carteras, y no permite que haya valor liquidativo constante, junto a otros nueve países. El supervisor nacional también pasa la prueba en el cumplimiento del apartado referente a los fondos monetarios y está entre los países que aprueban la inversión en activos con calidad mínima de grado de inversión.
Cuatro divergencias
El informe, que compara las prácticas de implementación y supervisión de los monetarios por parte de 30 autoridades nacionales, concluye que diez estados del área económica europea no habían transpuesto las normas a julio del año pasado (Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungría, Islandia, Lietchtenstein, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia) aunque desde esa fecha ya lo han hecho cuatro de ellos (Portugal, Hungría, Chipre y Bulgaria). Entre los 20 que aplican las normas, ESMA ha encontrado divergencias referidas a cuatro aspectos.
En primer lugar, el proceso de autorización y licencia de fondos monetarios, pues en algunos países la aprobación del fondo es previa a la obtención de toda la documentación necesaria, mientras en otros es posterior. Además, hay divergencias en la supervisión posterior: algunos estados no han desarrollado una supervisión específica y se basan en el análisis de riesgos o en el cumplimiento de la normativa, como hace España.
También hay diferencias en la supervisión basada en los riesgos: hay supervisiones diferentes en función del tipo y la frecuencia de los informes recibidos, los parámetros que alertan de los riesgos o el nivel de dependencia en auditorías o depositarios externos. En el caso de España y al igual que lo que sucede en Italia o Irlanda, el depositario tiene la obligación de informar a la autoridad competente de las anomalías detectadas. En cuanto a la información, y frente a los informes recibidos con carácter anual o semestral, en España la CNMV recibe también informes periódicos (en algunos casos de forma mensual) sobre la cartera de los fondos.
Y por último, ESMA ve divergencias en el uso de la información, pues algunas autoridades solo usan las cuentas semestrales como fuente de información, pero otras usan información cualitativa y cuantitativa de diferentes fuentes, como informes a otros supervisores, quejas de inversores y otras fuentes públicas como la prensa. La CNMV está entre estos últimos.
Entre los supervisores que no han aplicado las directrices, dicen que no tienen competencia para obligar a las gestoras ni a los fondos a cumplirlas (como Noruega o Suecia), tienen diferentes interpretaciones de lo que es un fondo monetario (Polonia) o están examinando las normas porque se han incorporado recientemente a ESMA (Lietchtenstein).
Propuesta legislativa
Para luchar contra estas divergencias, el próximo año se valorará la posibilidad de que haya nuevas propuestas legislativas de la Comisión Europea referentes a los fondos monetarios. Las directrices ESMA fueron introducidas en 2010 para proporcionar una definición común de estos fondos, con el objetivo de “mejorar la protección del inversor pidiendo a los fondos que se etiquetaran como monetarios e implementarán ciertas normas de gobernabilidad y haciendo una distinción entre fondo monetario y monetario de corto plazo”. En 2012, había 1.256 fondos monetarios en el área económica europea, con 641 en Francia, 203 en Luxemburgo, 102 en Irlanda y 71 en España.