La nueva reforma de las pensiones ya está aprobada por el comité de 12 expertos creado en abril a instancias del Gobierno. El texto establece una doble fórmula para garantizar el futuro del sistema de pensiones: por un lado, un mecanismo de fijación de la cuantía inicial de las prestaciones que estará ligada a la evolución de la esperanza de vida. Por otro, modifica el factor por el que se revalorizan anualmente las pensiones, actualmente el IPC; a partir de ahora la cuantía se ligaría a la inflación, los ingresos del sistema y el superávit o déficit de la Seguridad Social a lo largo del ciclo económico. Es decir, a las cuentas del Estado, con lo que podría haber bajadas de las pensiones en épocas de crisis.
El informe de los expertos, que ha sido asumido por 10 de los 12 miembros del grupo y tres votos particulares, se entregará ahora al Ejecutivo. Estos votos particulares corresponden a Miguel Angel García, jefe del gabinete de estudios de Comisiones Obreras, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada, y José Luis Tortuero, catedrático de Seguridad Social, estos dos últimos a propuesta del PSOE. El voto en contra ha sido el de Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Por su parte, el jurista José Luis Tortuero se ha abstenido.
Cuando reciba el informe, el Gobierno lo remitirá al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, y abrirá las conversaciones con sindicatos y patronal. La reforma final tiene que estar lista en septiembre, según marca el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea.
En el informe final se ha variado una parte sustancial del borrador inicial que recoge la posibilidad de que el Estado incremente los ingresos de la Seguridad Social para garantizar el gasto de pensiones en términos de PIB. Según fuentes sindicales, el coste de las pensiones alcanza el 10%, mientras que la media de la UE es el 13,5%. Por ello, se pide un esfuerzo al Estado para equipararlo al que hacen los países comunitarios. Es decir, que independientemente de actualizar cotizaciones para aumentar los ingresos, analice incorporar ingresos al sistema público de pensiones.
La traducción
La reforma se traducía, en épocas de crisis, en un recorte no solo de las pensiones futuras, sino también de las que actualmente se pagan al modificar el sistema de revalorización automático.
La reforma tiene tres claves. En primer lugar, se modificarían los criterios de revalorización de la pensión: si hasta ahora la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones, la idea es abandonarla por una nueva fórmula de actualización en función de los ingresos y los gastos del sistema en su conjunto. El resultado de esta fórmula es que la pensión puede llegar a recortarse si la situación económica general lo requiere, aunque para evitar el recorte de pensiones bajas podría establecerse una cláusula suelo. Eso sí, la solidez del sistema, la caja de la Seguridad Social, podría fortalecerse con aportaciones decididas por el Gobierno.
El segundo punto es que ese esquema de revalorización se complementa con un factor llamado de “equidad intergeneracional”, pensado para las nuevas pensiones que se generen a partir de la puesta en marcha de la reforma. Este factor vincula la prestación con la esperanza de vida en el momento de la jubilación a través de un coeficiente que, aplicado a la cuantía de la pensión, equipara las cantidades a percibir de todos los pensionistas.
El tercer factor clave es la edad de jubilación. Los expertos han decidido olvidarse de retrasar la edad de jubilación. La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cualquier caso, está previsto que el periodo de cálculo de las pensiones se eleve hasta 25 años en el 2022. En la práctica, pese a que la vida laboral llegue hasta el momento de la jubilación, la pensión siempre será inferior a las últimas nóminas y será responsabilidad del pensionista haber complementado su retribución.
Consulte el informe completo en el documento adjunto.