El documento en el que se concretan todas las exigencias de la Unión Europea para entregar el rescate de hasta 100.000 millones de euros a los bancos españoles que lo necesiten ya está prácticamente cerrado. El denominado Memorandum of Understanding, impone 32 claúsulas al país, entre las que la mayoría son para las entidades que reciban las ayudas, aunque también las hay que obligan a elevar el IVA, a reducir o eliminar la deducción por vivienda y a aplicar la reforma laboral con mejores políticas activas de empleo, por ejemplo.
Con estas condiciones sobre la mesa, que está previsto que se aprueben y firmen el próximo día 20, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró ayer durante su participación en la reunión del Ecofin en Bruselas que en 18 meses habrá llegado toda la ayuda que finalmente se necesite y que aún no está definida porque las consultoras y auditoras siguen haciendo los test de estrés que les han encargado las autoridades españolas.
Según el documento, las primeras ayudas, por importe de 30.000 millones, llegarán en las próximas semanas, antes de que finalice este mes. En su mayoría, cerca de 24.000 millones irán a parar a Bankia-BFA y el resto se mantendrá como colchón para posibles contingencias.
No se inyectará en ninguna entidad por el momento porque todavía tienen que presentar sus planes de reestructuración a Bruselas, a diferencia de Bankia que ya lo hizo semanas atrás. La UE ha establecido cuatro niveles de entidades. El grupo 0, que está formado por las entidades sanas que no necesitarán apoyo alguno. El grupo 1, integrado por las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia). El grupo 2, con los bancos que requieran ayudas, y el grupo 3, con los que no pasen los test de estrés pero puedan captar por sí mismas el capital que les falte.
Nacionalizadas
El Estado deberá presentar un plan para las entidades nacionalizadas de forma inmediata con el objetivo de que la UE lo estudie y pueda entregar las ayudas en torno a noviembre. Dentro del plan, habrá de incluirse la creación de un banco malo, al que se traspasarán los activos tóxicos a un "precio razonable", con lo que se da por hecho que las entidades deberán asumir grandes pérdidas en los inmuebles que tienen en cartera.
Las entidades que formen parte del grupo 2 tendrán que presentar sus planes en octubre como muy tarde, de forma que la UE pueda aprobarlos a finales de año. También en este caso, se exigirá la creación de un banco malo. Todavía está por definir si habrá uno solo o varios.
Las ayudas se entregarán en forma de préstamo con un plazo máximo de 15 años y con un periodo de carencia (que podría llegar incluso a diez años aunque este detalle está todavía por cerrar), o bien como bonos convertibles contingentes (denominados cocos), que se transformarán en acciones en caso de que las entidades que los reciban no puedan amortizarlos en junio del próximo año.
La percepción de estas ayudas conllevará importantes exigencias para las entidades que los reciban, ya que tendrán prohibido el pago de dividendos, no podrán compensar apenas a sus clientes por las participaciones preferentes, deberán limitar el pago a los directivos, tendrán que reducir sus redes de sucursales, habrán de vender prácticamente todas sus participaciones y no podrán ni plantearse la adquisición de otras entidades.
Solvencia al 9%
El sector en general, tanto si recibe ayudas como si no, deberá mantener un nivel de solvencia (core capital) del 9% hasta final de 2014 al menos, frente al 8% que exigía el Banco de España hasta ahora. Las cinco mayores entidades ya han tenido que llegar a este nivel en las últimas semanas al formar parte del grupo de entidades sistémicas europeas, pero la imposición era puntual a fecha 30 de junio.
El documento impone, además, una reforma de las cajas de ahorros, a las que obliga a deshacerse de sus participaciones en sus bancos o, al menos, a de sus posiciones de control.
Mientras, se exige al Gobierno que aumente la independencia del Banco de España, un organismo que además tendrá que hacer una auditoría interna para revisar si funciona como debe, y que semanalmente deberá informar a la UE de los niveles de depósitos y liquidez de cada una de las entidades españolas.
