Llega la versión definitiva de la Taxonomía


Aunque quizás haya pasado algo inadvertido porque ya estábamos en la vorágine del coronavirus, el pasado 9 de marzo el Grupo Técnico de Expertos (TEG por sus siglas en inglés), presentó a la Comisión Europea la versión definitiva de su informe técnico sobre la Taxonomía, que contempla qué actividades económicas pueden ser consideradas como sostenibles. Hablamos con Helena Viñes, directora adjunta de Sostenibilidad de BNP Paribas AM y miembro del Grupo de Expertos Técnicos de la Comisión Europea sobre Finanzas Sostenibles que ha hecho posible este informe para que nos explique cuál es su utilidad y nos revele los últimos cambios introducidos.

Informe final

“Lo que hemos entregado es el informe final, que va acompañado por un fichero excel con todas las actividades y las tablas de equivalencia entre los códigos de las industrias que se utilizan en Europa y en los estados, con otros tipos de clasificaciones como la de Bloomberg o Refinitiv y esperamos poder completarla con MSCI. De esta forma, pretendemos que sea más claro aprender a utilizarlos en el día a día”, explica Viñes.

Tras presentar una versión provisional en junio de 2019, “el informe se abrió a consulta pública así que en el otoño integramos todas aquellas recomendaciones y sugerencias que nos parecieron relevantes y sólidas. Se modificaron algunos criterios cuando los argumentos expuestos nos parecieron válidos y científicamente probados. Hubo más de 4.000 respuestas, referidas a la mitigación, así como al futuro y usabilidad de la taxonomía, o a la adaptación. Por actividades, donde más comentarios hubo fue en electricidad y gas, el segundo sector más comentado fue el de agricultura y bosques, sobre todo por parte del norte de Europa, y luego transporte y manufacturas. También añadimos un par de actividades nuevas y afinamos algunos puntos que quedaban pendientes”, apunta.

La experta señala que además “el 18 de diciembre del año pasado se llegó al acuerdo político, en el que había algunos puntos diferentes respecto de la propuesta de la Comisión.

"Es importante señalar que nosotros trabajamos utilizando la propuesta de la Comisión como el marco para definir el desarrollo de la taxonomía, así que tuvimos que hacer algunos ajustes a los nuevos compromisos. En general, el acuerdo político fue muy positivo, sobre todo por la inclusión del reporte obligatorio para todas las empresas que hoy por hoy sean objeto de la Directiva de Información No Financiera y Diversidad, que en España está recogida en un reciente decreto y luego también por la clarificación del ámbito de cobertura de productos financieros, equiparados a la normativa de disclosure. De esta forma nos encontramos con que hay productos que tienen un objetivo medioambiental claro, otros que tienen características medioambientales (es decir los productos ASG o ISR) y finalmente, el resto de los productos. Para el resto de los productos hay una opción para no tener que reportar, al añadir un descargo”.

¿Qué es la taxonomía y para qué sirve?

La taxonomía es una herramienta que va a permitir el grado de alineación de los fondos con la sostenibilidad. “A partir de ahora vamos a tener un indicador que nos indica el porcentaje de todos los fondos que responde a la taxonomía. Es un indicador para ver el grado de sostenibilidad, pero es que además ese indicador va a ser calculado de la misma forma para todos los fondos. Es decir, finalmente vamos a poder comparar diferentes fondos de forma sencilla. Y eso significa una mayor facilidad para el inversor final en la toma de sus decisiones financieras. La taxonomía nos dice cuan sostenible es una empresa y cuánto lo es un producto financiero. Además requiere que esto se reporte. Así que el inversor final podrá conocer y comparar los porcentajes en los que cada fondo está alineado con la taxonomía”, detalla Viñes.

No es la única normativa relacionada con la sostenibilidad que está en camino. “Entre otras medidas, además va a haber un etiquetado verde (eco-label), cuya consulta pública se termina el 3 de abril y las propuestas finales están previstas para noviembre de 2020, y la obligatoriedad a la hora de asesorar de preguntar por la preferencia por la sostenibilidad, que será incluida en la normativa MIFID”, añade.

El ámbito de la taxonomía no queda reducido a la esfera de la inversión privada ya que también va a ser relevante para el sector público. Como advierte Viñes, “se está empezando a plantear que se use también por organismos públicos como el BEI, instituciones como bancos centrales, fondos de pensiones públicos…”

La taxonomía además sirve para ver dónde están en la trayectoria de transición las diferentes actividades económicas y por lo tanto las diferentes empresas, y hasta qué punto las políticas públicas de un país están o no alineadas. “Sirve como punto de referencia para empresas o inversores para ver dónde están en la transición energética y también para poder planificarla”, señala Viñes.

La taxonomía cubre a todos los fondos creados o que se distribuyan en Europa, y en esos fondos, se va a poder conocer el porcentaje invertido en actividades sostenibles, el porcentaje del fondo que es medioambientalmente sostenible. “Además, el acuerdo político también dejó muy claro que había que reportar respecto al porcentaje que se invertía en actividades de transición y en las llamadas actividades de apoyo”, añade.

Calendario

Este informe está ahora en manos de la Comisión. "Ahora tendrá que desarrollar los actos delegados, es decir convertirlo en materia normativa. Así que falta que se publique y convierta en legislación. Faltan algunos puntos como los referidos al reporte de las empresas financieras que forman parte de la Directiva (bancos, aseguradoras). Su negocio es muy diferente al de otras empresas, así que la Comisión tendrá que desarrollar los indicadores que se ajustan a su modelo de negocio”, señala Viñes, que además puntualiza que hay otras cuestiones pendientes.

“La taxonomía aspira a dar respuesta a seis objetivos medioambientales. El TEG solo ha trabajado en dos: mitigación y adaptación. En otoño va a empezar a funcionar una plataforma encargada de extender la cobertura de la taxonomía a actividades hoy por hoy no cubiertas. A finales de 2020 va a salir la taxonomía climática y se concederán doce meses para presentar los primeros reportes. El 31 de diciembre de 2021 todos los inversores deberán reportar de qué modo y en qué medida utilizan los criterios estipulados en la taxonomía y la proporción de la inversión que finanza esas actividades. Luego hay otro año para el resto de la taxonomía, porque para el 31 de diciembre de 2021 el resto de la taxonomía debería estar completa”.

La Unión Europea está demostrando un fuerte compromiso con las finanzas sostenibles, aunque Viñes señala que también hay iniciativas de taxonomía en otros países, como en Canadá, Singapur, donde se está trabajando a nivel de la comunidad ASEAN que van a utilizar de base la taxonomía europea como base, Japón, o China, que ya tenía una para bonos verdes. “Además, hay una plataforma internacional donde varios países van a trabajar conjuntamente para ver hasta qué punto se pueden armonizar ciertas exigencias o marcos regulatorios, sobre todo en lo relativo a taxonomía y regulación de la divulgación”, concluye.

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