Las siete razones por las que el mercado se opone a la tasa Tobin

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Foto: Rahego, Flickr, Creative Commons

El Gobierno ha elaborado un proyecto de Ley que establece un impuesto sobre las acciones españolas que tengan una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, por el que gravará con un 0,2% la compra-venta de títulos de compañías españolas con un valor bursátil superior a esa cifra. El encargado de pagar a Hacienda será el intermediario financiero que ejecute la orden de compra, tal y como ya se hace en algunos países como Francia, Italia o Bélgica. Se trata de la implantación en España de la popularmente conocida como tasa Tobin, un nuevo impuesto con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez calcula recaudar 800 millones de euros y que cuenta con el frontal rechazo de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

“Esta propuesta es contraria a postulados que, en estos momentos, son considerados esenciales para cimentar un desarrollo económico europeo integrado basado en el impulso de diversificación de las fuentes de financiación empresarial, el abaratamiento de las mismas, el crecimiento del tamaño empresarial, el papel esencial de la libre asignación de capitales en los procesos de inversión y el régimen de equidad, competencia, transparencia y protección del inversor, que son los principios básicos del funcionamiento de los mercados regulados”, asegura Antonio Zoido, presidente de la compañía operadora de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Aunque la propuesta podría ser enmendada en el Congreso de los Diputados, Zoido considera que, de implantarse, sería una clara actuación contradictoria con el respaldo político al proyecto y la idea de la “Unión de los Mercados de Capitales” fundamental, en estos momentos en el desarrollo de la Unión Europea. Según revela, su oposición al impuesto se fundamenta en siete razones, que ha detallado en el almuerzo anual que celebra con periodistas:

1. Incentiva la opacidad de los mercados, al favorecer económicamente las transacciones fuera de los mercados regulados.

2. Aumenta desorbitadamente los costes de transacción. Un impuesto del 0,2% supone multiplicar por 66 el coste de transacción que se aplica en el mercado español.

3. Destruye la calidad y liquidez alcanzada en el mercado tras años de esfuerzos, por el efecto del coste añadido sobre las estrechas horquillas de precios de oferta y demanda.

4. Incentiva la deslocalización de intermediarios y operaciones. Con plena movilidad de capitales y empresas, un impuesto asociado a territorialidad de una nación crea incentivos a esa deslocalización. Hay que considerar que cerca del 50% de las acciones de empresas cotizadas españolas son propiedad de no residentes y el 84% de las transacciones son efectuadas por éstos.

5. Afecta a la financiación bursátil al producirse incrementos del coste de capital provocados por descensos de liquidez, como consecuencia del aumento de coste de las transacciones.

6. Su recaudación es enormemente compleja dada la intrincada red de infraestructuras a nivel de los mercados globales. Se acentúa con ello el riesgo de falta de equidad de trato a los potenciales contribuyentes.

7. Introduce una nueva fragmentación del mercado. Únicamente un impuesto a nivel global o, al menos europeo, podría salvar estas distorsiones tan negativas.