Las necesidades de ayudas de la UE rondarán los 50.000 millones, según Wyman y Berger


El Gobierno hará pública hoy a cierre de mercado la cifra de necesidades de provisiones que tienen los bancos españoles según el test de estrés que han realizado las consultoras independientes Oliver Wyman y Roland Berger. Según los cálculos realizados por las propias entidades, las necesidades derivadas de este examen ascenderán a unos 100.000 millones de euros, pero en realidad al menos la mitad podrán cubrirse con los recursos propios (beneficios futuros, plusvalías, excedentes de capital, etc.), con lo que las ayudas que habría que pedir a la Unión Europea quedarían en unos 50.000 millones.

Esta cifra se deriva de calcular cómo afectaría a los balances de las entidades un escenario hipotético muy duro a tres años (con caídas del PIB del 4% en el primero y del precio de la vivienda más de un 20% adicional) y cuántas nuevas provisiones tendrían que realizar para hacer frente a ese entorno tan complicado. El examen lo pasarán aquellas que pese a esas hecatombes mantengan un nivel de solvencia (core capital según las normas de Basilea) del 7%. En un escenario más suave la exigencia es del 9%, aseguran a Funds People fuentes conocedoras de los test.

Los requerimientos, además, no se realizan con las normas actuales de provisiones, sino mucho más exigentes, ya que las consultoras han calculado que hacen falta provisiones para las hipotecas, créditos al consumo y financiación a pymes sanos, algo que ni siquiera (salvo en los préstamos para vivienda) han exigido los dos últimos reales decretos de saneamiento de la banca. Además, y siguiendo el esquema de Bankia para calcular sus necesidades de 19.000 millones, se reclama que se ponga buena parte de las participaciones industriales a precio de mercado.

Con todo ello, se crean cuatro grupos (Bankia queda aparte en uno independiente) de entidades. El primero corresponde a los bancos que pasan el examen sin necesidad de nuevas aportaciones, que integrarían Santander, BBVA y probablemente Sabadell gracias, entre otras cosas, a las ayudas recibidas por la adquisición de la CAM. El segundo grupo lo forman las entidades que también pasan aunque necesitan llevar a cabo algunas medidas adicionales que pueden absorber por sí mismas. En este grupo estarán con toda probabilidad Bankinter, KutxaBank y La Caixa.

Habrá un tercer grupo de entidades viables pero que requerirían ayudas públicas (de la UE) que podrán devolver sin problemas, y un cuarto de entidades no viables y que no podrían devolver las ayudas públicas que necesitan para ser solventes a futuro. En principio, en este último grupo estarán las entidades ya nacionalizadas (Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novagalicia).

Las grandes dudas que permanecen en este momento en el sector se refieren a las entidades que están en una posición intermedia (Popular, Unicaja, Ibercaja-Liberbank o BMN), ya que su introducción en el segundo o en el tercer grupo (o quizá alguna en el cuarto) depende de factores como en qué fecha se ha hecho el corte para hacer el examen (con datos de final de 2011 o con datos actuales) y cuáles son exactamente las cifras de exigencias de provisiones.

Además, se da la circunstancia de que en este examen salen beneficiados (si los datos son actuales) entidades como Sabadell, que ha recibido ayudas para sanear la CAM, y perjudicadas otras como Banco Popular o La Caixa, que gracias a su fortaleza decidieron comprar Banco Pastor y Banca Cívica, respectivamente, sin ningún tipo de apoyo.

En todo caso, la intención del Gobierno, pese a las peticiones insistentes de Santander y BBVA de que se publiquen individualizados los datos de cada entidad y su situación, es hacer público únicamente el número global de necesidades de la banca. Lo hará previsiblemente a cierre de mercado y no se descarta que Luis de Guindos los explique en rueda de prensa.

Las cifras que están esperando en el sector que hoy dé a conocer el Ministerio de Economía son muy similares a las que ayer hizo públicas la agencia de calificación de riesgos Fitch, que cifra entre 50.000 y 60.000 millones las necesidades en un escenario base, y entre 90.000 y 100.000 millones en uno estresado tomando como referencia las mismas circunstancias que las ocurridas en Irlanda. 

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