Las gestoras internacionales ignoran el proceso soberanista catalán


Es habitual que las gestoras internacionales emitan comentarios e informes sobre eventos políticos que consideran relevantes por el impacto que éstos pudieran provocar en los mercados financieros. El referéndum en Escocia, el Brexit, las elecciones americanas, los comicios franceses… Todo ellos han sido procesos seguidos muy de cerca por los expertos de las distintas entidades extranjeras, como demuestran los centenares de documentos publicados antes, durante y después de su celebración. Es lógico teniendo en cuenta que las tensiones políticas son eventos que suelen intranquilizar a los inversores. Sin embargo, el proceso soberanista catalán no figura en sus agendas como un acontecimiento digno de ser mencionado como un factor con el potencial de afectar a las inversiones. Las entidades internacionales no se pronuncian. Al menos, públicamente, como han hecho en el pasado.

Una de las razones que explicarían este hecho sería el escaso impacto que, hasta el momento, la creciente tensión entre el Gobierno de Cataluña y las distintas instituciones del Estado (tribunales de justicia, fuerzas policiales y Gobierno central) estaría provocando en los mercados financieros. Por ahora, el referéndum catalán no se ha convertido en un foco de riesgo a nivel europeo y el impacto en los mercados españoles ha sido muy limitado. Donde más se ha apreciado ha sido en los de renta fija, aunque de manera muy modesta.

“El diferencial de la rentabilidad entre el bono español a diez años y el bund alemán se ha ampliado escasamente como consecuencia del reciente aumento de la turbulencia política, al pasar la prima de riesgo de los 100 a los 120 puntos básicos. El mercado de bonos ha permanecido hasta ahora poco impresionado por la escalada de la crisis”, explica Léon Cornelissen, economista jefe de Robeco.

La gestora holandesa es la única gestora extranjera que ha decidido hacer público un comentario valorando esta crisis política. Y es que, hasta el momento, no es más eso: una crisis política sin consecuencias económicas relevantes. “Con un crecimiento económico estable que está en torno al 3%, no hay mucho que preocuparse por la sostenibilidad de la deuda española, a pesar de que la deuda pública bruta esta relativamente alta, cercana al 100% del PIB. España está en la senda correcta para reducir su déficit público del 4,5% en 2016 al 3,1% en 2017, alcanzando finalmente el umbral europeo del 3%”, recuerda Cornelissen.

Por el momento, no hay visos de que el referéndum catalán vaya a poner fin a esa tendencia hacia el saneamiento de las cuentas públicas de España. “El referéndum anunciado ha sido declarado ilegal al no atenerse a la legalidad constitucional vigente y parece estar abocado a ser un fiasco. De producirse, los tribunales dictaminarán que el voto no tiene base legal y las dudas sobre la legitimidad de la votación serán obvias. En definitiva, la posibilidad de un divorcio, al estilo de la República Checa y Eslovaquia, todavía está muy lejos”, concluye el experto.

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