Las entidades valoran la mayor protección que la Circular 3/2013 traerá, pero les preocupa la carga administrativa


Se esperaba desde hacía tiempo y ayer el BOE publicó la nueva Circular 3/2013 de la CNMV, que entrará en vigor a partir del 19 de agosto. En el sector se valora positivamente que la nueva normativa vaya a ofrecer una mayor protección al inversor, creen que el asesoramiento requerirá de una mayor especialización y preocupa el sobrecoste que supondrá ajustarse a todos los nuevos requisitos.

Y es que, entre los aspectos más novedosos de la norma se incluye que las entidades tengan que guardar registro de las recomendaciones realizadas a los clientes y prueba fehaciente de que esto lo ha recibido. Para la comercialización de productos complejos se requiere que, en determinadas circunstancias, el cliente escriba de su puño y letra que asume el riesgo por su cuente y, exige también que los test de idoneidad se realicen periódicamente, se lleve un apunte de qué productos son aptos y no aptos para cada cliente y que esa documentación sea realizada en un medio no manipulable y que esté disponible para su consulta por parte del cliente siempre que este lo solicite.

“Básicamente se trata de la incorporación de algunas obligaciones de información previstas en la llamada Directiva MIFID 2, con lo cual España se anticipa con un régimen más exigente en este ámbito que los países de su entorno”, apunta José Andrés Fernández, director de cumplimiento normativo de BNP Paribas. “En resumen es un paso más hacia adelante de la normativa coloquialmente llamada MIFID, con un enfoque muy garantista y de tutela y protección de los intereses de los clientes, con el fin de que las Entidades Financieras y ESI refuercen sus procedimientos y políticas de venta de instrumentos financieros, con el objetivo de que sólo se comercialicen y asesoren productos idóneos y que se ajusten a las necesidades y perfiles de los clientes”.

Los nuevos procesos y registros que se exigirán a partir de ahora repercutirán directamente en el negocio de las empresas que ofrezcan servicios de asesoramiento y, según alerta Ramiro Martínez, de Gomarq, esto se puede traducir en una sobrecarga de gastos. “Puede haber una protección excesiva que va a llevar a un encarecimiento del producto”, dice. En la misma línea, Cristóbal Amorós, de la EAFI Amorós Arbaiza, asegura que le preocupa “enormemente tanta exigencia y regulación, que nos quita de realizar lo que debería ser nuestro trabajo que es seguir los mercados y estar junto al cliente”.

Desde otra EAFI aseguran que es “incumplible” la nueva normativa pues, dicen “la vida y la práctica es muy distinta a lo que quieren regular”. Consideran que para las empresas más pequeñas supondrá una carga imposible de soportar y, aseguran, va a ser el “negocio de las consultoras informáticas pues el que no se dote de un buen sistema no va a poder cumplir la normativa”.

“La principal implicación es que no todas las entidades van a estar capacitadas para dar los servicios de asesoramiento con estos requisitos, pues es necesario disponer de la tecnología y aplicaciones informáticas para proporcionar un servicio correcto y cumplir con la nueva normativa. En cualquier caso su aplicación implicará más protección para los clientes, que van a verse obligados a entender correctamente los productos complejos en los que inviertan”, explica Luis Sánchez de Lamadrid, director general de Pictet WM en España. Javier Kessler, de la EAFI  KesslerCasadevall, considera que se está caminando hacia un cambio completo en el negocio del asesoramiento pues se va a exigir de una mayor especialización a las entidades que ofrezcan estos servicios pues tendrán que estar preparadas tecnológicamente y necesitarán tener empleados más formados que hasta ahora (entre los requisitos de la normativa se exige que el cliente entienda el producto que compra y, para ello, lo primero es que la persona que se lo asesore también lo entienda).

“Esto va a hacer que mucha entidad para la que el asesoramiento o la banca privada no sea su negocio principal se replantee si le merece la pena estar en el negocio”, dice Kessler. Cree que los costes en los que se van a incurrir para adaptarse a la normativa redundarán en una mejora en la relación con los clientes. “Se va a necesitar tener mucha imaginación en los negocios pues se va a tener que dar un buen servicio, a buen precio y que incluya todos los costes extras”, dice.

En la firma de asesoramiento N+1 SYZ llevan meses trabajando en la adaptación al nuevo entorno regulatorio y no prevén que les suponga un gran cambio en su manera de trabajar. Respecto a la necesidad de realizar los test de idoneidad y entregar al cliente una descripción de cómo se ajusta el producto a su perfil en cada recomendación que se le haga, Rosa María Pérez considera que es un proceso “más burocrático y farragoso” pero ya lo tienen adelantado e implementado en la firma.

Consulta aquí la Circular publicada en el BOE.

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