La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) ha publicado a finales de agosto su informe final sobre buenas prácticas en materia de costes y remuneración en los esquemas de inversión colectiva (CIS en sus siglas en inglés). El objetivo de este documento, que supone una revisión de las buenas prácticas de 2004, es identificar los ejemplos comunes internacionales que ya se están aplicando en este ámbito. En total, el supervisor global identifica hasta 23 buenas prácticas.
Según la nota de prensa difundida por IOSCO, los más de veinte ejemplos recogidos en el informe vienen a ser un reflejo de los enfoques comunes adoptados ante los principales problemas identificados por los reguladores en algunas áreas clave. Así, por ejemplo, se abordan los costes prohibidos y los costes permitidos para un CIS. Asimismo, se analiza la información de que debe disponer el inversor sobre comisiones y gastos (entre otros, debe hacerse de tal manera que sea posible realizar comparativas entre distintos esquemas).
También se trata la remuneración de los gestores, así como las retrocesiones, la retribución ligada al rendimiento o las comisiones ligadas al rendimiento (performance fees). En este último aspecto, el informe de IOSCO señala que pese a que algunas jurisdicciones han prohibido por completo el uso de estas comisiones, la gran mayoría las permite bajo unos requisitos normativos específicos. Según IOSCO, lo adecuado sería establecer un régimen con normas que establezcan tanto su método de cálculo como la forma en que debe facilitarse esta información al inversor y el medio de divulgación de dicha información.
Asimismo, se señala que toda comisión de rendimiento debe respetar el principio de tratamiento equitativo de los inversores. Los costes de transacción o las remuneraciones asociadas a los esquemas de fondos de fondos también tienen su espacio en la veintena larga de bunas prácticas.
El objetivo de IOSCO no es imponer o determinar la regulación de las políticas en materia de costes y remuneración sino la de orientar y promover una mayor equidad y transparencia en la industria. En este sentido, al igual que se revisan ahora las buenas prácticas recogidas en 2014, se espera que las actuales también evolucionarán y con ellas los reguladores vayan adaptando su enfoque.