Los 27 países miembros de la UE dieron ayer el visto bueno a que 11 de sus socios, entre los que se encuentra España, sigan adelante con su proyecto de instaurar un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), más conocido como Tasa Tobin. En concreto, serán Austria, Alemania, Bélgica, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España quienes impondrán este impuesto.
La idea inicial, a falta de concretar cada país cuál será el porcentaje a pagar según el tipo de transacción, ya que tendrían libertad para ello, es que la tasa sea del 0,1% sobre las acciones y del 0,01% sobre los derivados financieros. Según Bruselas, la tasa podría llegar a recaudar hasta 55.000 millones de euros anuales, aproximadamente.
Fuera de esta decisión se quedan Reino Unido y Luxemburgo, dos de las principales plazas financieras europeas, que temen que la implementación de la tasa les perjudique en sus operaciones diarias. Reino Unido quiere evitar así lastrar el volumen de negocio y las ganancias de su principal pilar económico, la City.
Este avance en la imposición del ITF por parte de algunos países europeos es “un hito”, ya que “responde, además, a un llamamiento de los ciudadanos”, reconoce Algirdas Semeta, comisario europeo de Fiscalidad.
La Tasa Tobin fue propuesta por el economista estadounidense James Tobin en el año 1971 en el marco de unos textos publicados en la Universidad de Princeton. Originariamente, el impuesto buscaba frenar la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales aunque, en la actualidad, su recaudación iría destinada a usos como los fines sociales o el control de crisis financieras como la crisis de deuda soberana europea.