La reforma de las pensiones impulsará la industria de gestión pero no será el verdadero revulsivo


La reforma de las pensiones públicas españolas aprobada el pasado viernes por el Comité de Expertos y entregada al Gobierno tendrá todavía que discutirse entre los agentes políticos y sociales. Pero si los cambios que se apliquen finalmente están en línea con las primeras ideas propuestas, los expertos de asociaciones, gestoras de planes de pensiones o empresas de asesoramiento consideran que ayudan a crear el clima para que los ahorradores ganen conciencia sobre la necesidad de complementar sus ingresos de cara a la jubilación con sistemas privados.

A su vez, esa conciencia (motivada por el hecho de que las pensiones públicas podrían ser menores en el futuro ante el aumento de la esperanza de vida y la nueva fórmula de indexación) impulsará la inversión en la industria de gestión de activos, aunque los expertos consultados aún son muy cautos y consideran que la obligación de informar vía postal a los trabajadores de más de 50 años sobre sus ingresos tras la jubilación o la futura reforma de los sistemas complementarios serán los verdaderos revulsivos.

“No sabemos hasta qué punto el Gobierno será capaz de aprobar el texto íntegramente pero una conclusión es que el ahorrador ha de centrarse más en el ahorro financiero que en el inmobiliario”, dice Ángel Martínez Aldama, director general de Inverco (Asociación de IIC y Fondos de Pensiones). Para concienciarse, cree que jugará un papel determinante la obligación futura de informar vía postal a los trabajadores de más de 50 años de la pensión que recibirán, pendiente de aprobación. “Las reformas del sistema público llegarán pero será esa información en papel la que tendrá un mayor efecto pedagógico", afirma.

Desde las gestoras, Rodrigo Galán, consejero delegado de Ibercaja Pensiones, cree también que esta reforma “está creando el clima” para que llegue esa mayor conciencia del ahorro privado, pero dice que es clave que la reforma del sistema público llegue en paralelo a otra reforma del sistema privado y complementario. “En muchos países se han tomado medidas para incentivar sistemas complementarios y aquí se está planteando una especie de obligación para que las empresas incluyan a sus empleados en planes de pensiones corporativos, a menos que el empleado lo rechace expresamente”.

Según Galán, hace falta un modelo de incentivos para estos sistemas y “habrá que estar muy atentos a las medidas que proponga la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones desde el Ministerio de Economía, que podría emitir en julio un informe como desarrollo del Pacto de Toledo”. Esa potencial medida, acompañada de una reforma fiscal, constituiría en su opinión el verdadero pistoletazo de salida para la industria de la gestión.

Alternativas a las pensiones públicas

Los asesores consideran, en general, que las reformas pueden suponer un importante impulso a la industria de gestión. “Pensamos que es un paso en la buena dirección para equilibrar el actual sistema de pensiones español. Estas medidas, así como las futuras para hacer más sostenible el sistema, tendrán un impacto directo en la industria de gestión de activos”, comenta Miguel Casas Huguet desde DiverInvest Asesoramiento EAFI. El experto considera que las pensiones públicas tenderán a ser menores, haciendo que los pensionistas busquen alternativas para garantizarse un nivel de vida y eso impulsará la industria.

En esta misma línea se expresa Juan Manuel Vicente Casadevall, fundador de la EAFI que lleva su nombre: está de acuerdo en que la reducción del valor adquisitivo del pensionista si la reforma se aplica tal y como está planteada ahora, junto a una mayor transparencia sobre las pensiones –la nueva información que tendrá el ahorrador sobre su retribución futura–, fomentarán el negocio de gestión de activos. “Con el nuevo factor de cálculo de las pensiones –ligado a la esperanza de vida y a las finanzas públicas–, lo lógico es que se reduzcan las pensiones”, dice. Esos factores construirán el camino “para fomentar la responsabilidad de las personas sobre sus pensiones futuras y tendrá como efecto un mayor volumen en activos relacionados con los productos de pensiones”.

La crítica

Ahora bien, aunque considera positivo que se diversifique entre un sistema público que mayoritariamente invierte en deuda nacional y uno privado posicionado en un mayor número de activos, Casadevall hace una crítica a la actual industria de gestión de fondos y planes de pensiones. “Los productos de las gestoras de pensiones y las aseguradoras son caros, menos transparentes y ofrecen bajas rentabilidades frente a la industria de fondos de inversión”, dice. Por eso apoya una “competencia real en el sistema privado” y un sistema similar al de Reino Unido, en el que existen una especie de cuentas de jubilación y pensiones en las que el inversor puede tener productos de todo tipo, como fondos depósitos o inversión directa.

Una valoración positiva

Aunque aún no saben dónde acabarán las propuestas, desde la industria creen que las propuestas son lógicas para garantizar la sostenibilidad del sistema. “Es solo una declaración de principios pero tiene todo el sentido porque el factor que más pesa, la desindexación de la pensión del IPC y su dependencia de la economía y las cuentas públicas, es uno de los puntos que ayudará a reducir costes”, dice Galán. “Con el actual sistema de pensiones, el Gobierno no puede garantizar una pensión que asegure un nivel de bienestar si la esperanza de vida no para de aumentar. En un futuro, si queremos mantener nuestro nivel de gasto, deberemos pensar en ahorrar y en planificar nuestra jubilación”, dice Casas.

Para Aldama, hay muchas formas para caminar hacia un sistema más contributivo y adecuado al aumento de la esperanza de vida sin aumentar las cotizaciones sociales o los impuestos, e indica que también otros países han optado por ajustar los parámetros de cálculo. “Son medidas en línea con las de otros países aunque los modelos son hetereogéneos”, dice. Considera que hay margen de convergencia entre las pensiones públicas españolas y las de los países de la OCDE, debido a que actualmente ofrecen un 76% de la media salarial frente al 42% en la OCDE. “Lo más importante es que el sistema sea sostenible debido al problema del efecto demográfico a largo plazo, que ahora también coincide con el déficit en las cuentas públicas por la crisis", añade.

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