TRIBUNA de Alex Bardají, director de Alembeeks Group.
Se acerca la temporada de juntas de accionistas en España y la mayoría de gestoras españolas no tiene una política de voto definida. La participación accionarial por parte de inversores institucionales en las principales compañías cotizadas es del 60% de promedio según el estudio publicado por The Conference Board Research Report. Esta participación se ha incrementado de forma muy significativa durante las dos últimas décadas como consecuencia del gran aumento de los activos gestionados por parte de este tipo de inversores. Esto significa que la labor de seguimiento a los gestores de las compañías cotizadas está en gran medida condicionada por la actuación de las gestoras de fondos de inversión, pensiones y seguros.
Además, según lo establecido en las diferentes regulaciones aplicables a la materia, son estas gestoras las que tienen la responsabilidad fiduciaria de gestionar los derechos de voto resultantes de sus inversiones. En los países anglosajones o del norte de Europa esta actividad de seguimiento a los administradores de las compañías es un aspecto relevante y transparente frente a los inversores.
En España, esta actividad ha quedado relegada en la mayoría de casos a un procedimiento rutinario erróneamente delegado a los custodios. Sin embargo, recientemente se está experimentando en España un creciente interés por parte de las gestoras así como de otros operadores en el mercado, en participar en las juntas de accionistas de manera informada y responsable.
Desde Alembeeks Group se ha querido responder a esta necesidad con su plataforma de gestión del voto que responde a la obligación regulatoria de tener una trazabilidad de la gestión de los derechos de voto, en un entorno donde muchas de las gestoras no tienen una voluntad de tener un equipo interno especializado en esta materia.
Históricamente han sido varios los incentivos que han llevado a muchos gestores a no tener una mayor implicación en el gobierno corporativo de las compañías en las que invierten y opten simplemente por desinvertir, lo que se conoce en el argot del gobierno corporativo como votar con los pies. Por un lado, los gestores de carteras tienen una gran diversificación en sus porfolios y la necesidad de dedicar recursos a un aspecto que les puede beneficiar relativamente poco tanto a sus accionistas como ellos mismos hace que caigan en lo que se conoce por apatía racional (cuando los costes privados exceden a los beneficios privados). Por otro lado, muchos de estos gestores evitan llevar a cabo acciones beligerantes contra medidas propuestas por las compañías por temor a dificultar el acceso posterior a los gestores de éstas compañías y la obtención de cierta información.
Sin embargo, la legislación europea está siguiendo los pasos de la norteamericana al ejercer cada vez más presión en la responsabilidad fiduciaria de las instituciones dedicadas a la gestión. Después de la crisis financiera, la Comisión Europea redactó una propuesta de Directiva en la que se exponía: “En los últimos años se han puesto de manifiesto algunas deficiencias en la gobernanza de las empresas europeas cotizadas. Se trata de deficiencias que guardan relación con distintos agentes: las empresas y sus órganos de administración, los accionistas (inversores institucionales y gestores de activos) y los asesores de voto”. Se refieren fundamentalmente a dos problemas: la insuficiente implicación de los accionistas y la falta de la debida transparencia.
De este modo, durante los próximos ejercicios veremos como la implicación de los inversores institucionales en aspectos de gobierno corporativo va ir adquiriendo relevancia, aunque sea únicamente por motivos puramente regulatorios.