Cuando sólo han pasado poco más de dos meses de la presentación por parte del Gobierno de su reforma fiscal, la OCDE considera que “se podría hacer más para dar prioridad al empleo y mantener una distribución justa de la carga impositiva”. Esto es lo que se recoge el informe presentado ayer por el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, junto al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. En opinión del organismo internacional, “en la actualidad, la recaudación tributaria depende en gran medida de los impuestos sobre el trabajo, que son menos favorables al crecimiento y al empleo que los impuestos indirectos”.
En este sentido, considera que “ampliar la base impositiva del impuesto sobre la renta haría que este tributo fuera en muchos casos más equitativo y reduciría su efecto distorsionador”. Recuerda que la propuesta de reforma tributaria incluye diversas medidas orientadas a ampliar su base impositiva, como la eliminación de las exenciones por dividendos y la limitación de las exenciones por indemnización por despido.
Desde la OCDE creen que podrían “impulsarse la igualdad y la neutralidad inversora sometiendo el conjunto de las rentas, tanto del capital —dividendos, plusvalías e intereses— como del trabajo, al mismo tipo marginal del impuesto sobre la renta”. Una medida que iría en sentido contrario del impuesto dual que existe en la actualidad y que separa claramente la tributación del trabajo y del capital.
Desde el organismo internacional, también aconsejan al Gobierno considerar la revisión, junto con otros países de la UE, del “tratamiento de los instrumentos de inversión colectiva, concretamente el que reciben las sociedades de inversión de capital variable (sicav), las cuales tributan por el impuesto sobre sociedades a un tipo de tan solo el 1%". En el caso de las sicav, también pide "reforzar los controles para garantizar que este instrumento se utilice de manera adecuada y no para eludir el pago de impuestos”.
En relación a la propuesta del Gobierno de modificar el modo en que se incentiva el ahorro a medio plazo a través del sistema tributario, reduciendo la limitación de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones personales, creando otros planes de ahorro a largo plazo y equiparando el tratamiento de las plusvalías, el rendimiento de los depósitos y otras rentas del capital, creen que España debería “controlar estrictamente estos incentivos, dado que suelen beneficiar a los hogares con rentas más altas y en cualquier caso podrían traducirse en una mera sustitución de un instrumento por otro, en lugar de incrementar el volumen total de ahorro”.
La OCDE también considera que el Gobierno español debería eliminar la deducción fiscal por pagos hipotecarios para quienes adquirieron sus viviendas antes de enero de 2013. “Se espera que esta deducción suponga un coste de 1.800 millones de euros en 2014 y únicamente beneficia a un grupo de hogares”, señalan.