Artículo escrito por Gregorio Izquierdo, director del IEE y Nicolás Vicente, investigador del IEE
La tasa de ahorro de los hogares españoles es muy reducida en comparación con los principales países de nuestro entorno, una situación especialmente preocupante si se tiene en cuenta el proceso de envejecimiento demográfico que está teniendo lugar, y que va a implicar, en términos de sostenibilidad del sistema público de pensiones, una mayor proporcionalidad entre lo percibido y lo aportado por sus beneficiarios, es decir, una caída de la tasa de sustitución. En este contexto, es necesario promover e incentivar instrumentos de ahorro con vocación a largo plazo, entre los que se encuentran los llamados instrumentos de previsión social, que son, por sus características, particularmente idóneos para servir de complemento de la pensión pública, ya que España está atrasada en esta necesidad. En nuestro país el patrimonio en fondos de pensiones y otros instrumentos de ahorro para la jubilación apenas alcanza el 9% del PIB, muy lejos de otros países de la OCDE como Holanda, Australia, Suiza o Reino Unido, donde los activos de estos vehículos superan holgadamente el 100% de su PIB.
A finales de julio, la AiRef publicó su informe dentro del spending review en el que llegó a la conclusión de no eliminar el actual sistema de incentivos fiscales con el que cuentan los planes de pensiones sin perjuicio de que apostaba por una cierta revisión. Señalaba, acertadamente, que la seguridad jurídica y la estabilidad del marco regulatorio de este tipo de productos es clave para fomentar su uso a largo plazo, algo de lo que ha carecido la normativa de planes de pensiones en España en las últimas décadas; así como el hecho de que los incentivos fiscales en España se hayan reducido en los últimos años. A este respecto, en el Instituto de Estudios Económicos (IEE) hemos publicado hace unas semanas un informe monográfico sobre los incentivos fiscales actuales a los planes de pensiones en el que se estima que España es uno de los seis países de la OCDE que menos apoya fiscalmente a los planes de pensiones y que nuestros incentivos no llegan al 60% del promedio de la OCDE.
De hecho, más que un incentivo en España lo que tenemos es un esquema de diferimiento fiscal para la mayor parte de los individuos, se produce una exención por la parte de la renta que supone la aportación, a cambio de que esa misma renta tribute en el futuro cuando se reciba en forma de prestación (momento en el que, por cierto, y a diferencia de España, la mayoría de países contempla algún tipo de coeficiente reductor para minorar la carga fiscal del rescate). De no existir esta reducción para las aportaciones, asistiríamos a un claro supuesto de doble imposición, que podría implicar en muchos casos la conculcación del principio de no confiscatoriedad.
En el momento de recibir las prestaciones, no es solo la renta diferida la que tributa en la escala general de gravamen, sino también los rendimientos obtenidos por el plan, a pesar de que por su naturaleza deberían tributar como renta del ahorro, y, por tanto, a un tipo normalmente inferior (en una escala del 19% al 23%); precisamente esta es una de las reformas que defendemos desde del IEE. Por tanto, dado el reto demográfico que acaece, lejos de reducir los incentivos fiscales a los planes de pensiones, hay que apostar por mantenerlos y a ser posible reforzarlos, homologando los mismos con los existentes en la mayor parte de los países de nuestro entorno, al objeto de configurar un marco propicio al ahorro a largo plazo, con los consiguientes beneficios para la sociedad en su conjunto por la vía de favorecer la inversión y el desarrollo de los mercados de capitales.