La herencia de Julio Segura para el sector: reducción del 52% en el tiempo de registro de fondos


En tres semanas, Julio Segura dejará su puesto como presidente de la CNMV tras cinco años y medio al frente del organismo supervisor. El Gobierno todavía no ha nombrado a su sucesor ni tampoco al vicepresidente, que tendrá que sustituir a Fernando Restoy, quien desde junio es el subgobernador del Banco de España. En todo caso, Segura se va con "la sensación del trabajo bien hecho, dados los medios y la legislación vigente, la CNMV ha hecho frente a las vicisitudes de una manera cabal".

Así lo ha dicho en la última rueda de prensa en la que ha participado como presidente del organismo y en la que ha repasado la labor llevada a cabo en estos cinco años. En lo referente al sector de la gestión, la herencia que Segura deja es una reducción considerable en los distintos procesos de tramitación de inspecciones y registro. Así, el tiempo de tramitación total de las inspecciones en instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo en 2012 (13,3 meses) es un 60% del tiempo transcurrido en 2007 (22,1 meses). Algo similar ha ocurrido con las inspecciones de ESI cuyos plazos de tramitación han pasado de 26,2 meses en 2007 a 12,2 en 2012.

Por lo que respecta a la tramitación de expedientes de IIC, en fondos de inversión ha pasado de un plazo medio de 46 días en 2007 a 22 en el primer semestre de 2012, es decir, un 52% menos.

En la valoración general de su trabajo al frente de la CNMV, Segura considera que ha cumplido los tres principales objetivos que tiene el organismo: transparencia, garantizar la eficiencia del mercado y velar por la protección del inversor. En estos años, ha impulsado distintas iniciativas que han ido encaminadas a mejorar estos tres objetivos, como la publicación del plan de actividades de la CNMV, la dinamización de publicaciones y estudios técnicos o la mejora del boletín del inversor.

Segura deja su cargo con dos temas de especial actualidad: la polémica por la venta de preferentes a minoristas y la prohibición de las posiciones cortas vigente actualmente.

Respecto a las preferentes, ha asegurado que la CNMV ha actuado correctamente pues con la legislación vigente no hubiera podido prohibir a las entidades de crédito comercializar estos productos entre sus clientes minoristas. Ha explicado que el problema ha estado en la manera de comercializar las preferentes por parte de las entidades, pues se han dado casos en los que no se ha pasado el test de conveniencia al cliente o la orden de compra no estaba correctamente ejecutada.

Así, el supervisor ha iniciado ya siete procesos sancionadores a entidades que han emitido estos títulos y, según ha explicado Segura, prevé que llegue a once el número de procesos que se abran este año, lo que supone sancionar al 58% de las entidades emisoras.

Según cifras del supervisor, fueron 19 las entidades colocaron entre 1999 y mayo de 2011 un total de 22.500 millones de euros en esos títulos, de los que la mitad fueron comercializados por las once entidades que serán sancionadas.

En cuanto a la prohibición de las posiciones cortas, Segura ha asegurado que "satanizar a las ventas en corto no tiene mucho sentido". La CNMV prohibió esta operativa durante seis meses en 2011 y lo volvió a hacer en julio. De hecho, la prohibición está actualmente vigente hasta el próximo día 24 de octubre cuando el supervisor, ya con el nuevo presidente a la cabeza, tendrá que decidir si prolonga la medida o la levanta.

En esa decisión ya no tomará parte Segura pero, en todo caso, se muestra favorable a que se levante la prohibición si se mantienen las condiciones actuales de estabilidad financiera en España. Y es que, según un estudio de la propia CNMV sobre la prohibición que adoptaron en verano de 2011 (en esa ocasión sólo sobre las acciones de entidades financieras) pese a que la medida preventiva sí tuvo un "efecto estabilizador" en los indicadores del riesgo de solvencia de varios bancos españoles supuso "un elevado coste con claros efectos adversos en lo que respecta a la liquidez, el volumen de negocio y el proceso de formación de precios en el mercado".

Por tanto, Segura cree que este tipo de prohibiciones tan sólo deben tomarse "en situaciones muy extremas, de extrema volatilidad que consideremos que puede afectar a la estabilidad financiera".

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