La gobernabilidad de las Cajas de Ahorros: Inyectando confianza


 

Es comprensible que uno de los asuntos de mayor cobertura en medios de comunicación sea la reestructuración del sector de las cajas de ahorro.  

 

Más  allá de los números que se barajan alrededor de estas emblemáticas entidades, un aspecto neurálgico de ésta particular crisis, es la imperativa necesidad de restaurar la confianza en esas organizaciones.  Sin duda alguna, existen cajas que han hecho los deberes, sin embargo los lunares del sector han teñido la imagen de éste colectivo, lo cual demanda un ajuste profundo en las prácticas de Gobierno Corporativo, si se espera llegar a buen término en la búsqueda de financiación a través de los mercados financieros.

 

Esta afirmación no es fruto del entusiasmo creativo del momento. Lo dijo ya el Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso  cuando estalló la crisis financiera en el 2008. Con razón afirmaba que los mercados no encontrarían la calma si los esfuerzos se limitaban a la inyección de capital en las entidades decadentes, se trataba de restablecer la confianza a través de la implementación de mecanismos que efectivamente mitigaran el riesgo y contemplaran medidas efectivas para evitar abusos.

 

Las reacciones legislativas de las diferentes jurisdicciones que sufrieron crisis financieras durante los últimos 4 años tienen un común denominador; acogen disposiciones tendientes al fortalecimiento de las estructuras y órganos de gobierno de las entidades.  En particular hacen especial referencia a la estructura, composición y funciones de los Consejos de Administración, así como a los mecanismos adecuados para administrar riesgos y conflictos de intereses.  También son protagonistas de éstas iniciativas las disposiciones que buscan un mayor involucramiento de los accionistas en la conformación de los esquemas de remuneración de los altos ejecutivos y Consejeros.

 

Además de la obvia problemática de la politización, parece que ésta batería de medidas hubiesen presagiado los problemas que veríamos a lo largo de 2010 y 2011 en las cajas españolas.

 

El 13 de Julio de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 11 mediante el cual se dictan disposiciones relativas a los órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro.

 

Soy partidaria de que todos los grupos de interés tengan voz y voto en éste tipo de entidades y para ello el escenario natural es la Junta General de Accionistas.  Pero una cosa es tener voz y voto y otra es el exceso de democracia cuando se trata de la composición de los Consejos de Administración.  Cuando alguien quiere decorar su casa no acude a un abogado para tales labores, y si alguien requiere una cirugía no se le pasa por la cabeza dejar ello en manos de un economista.   Lo mismo sucede con las Consejos de Administración y en especial los de las entidades financieras.  No importa que simbólica sea una Caja a nivel regional, lo cierto es que quienes se sienten en esos Consejos, deben tener una larga y reconocida trayectoria en el sector financiero, no así en política o sindicatos.

 

Mi pregunta es si la ley no se ha quedado corta en los requisitos generales con los que deben contar los candidatos a los Consejos de Administración de dichas entidades.  Según el nuevo artículo 7 de la Ley 31 de 1985, reformado por el Real Decreto-Ley 11, los requisitos generales son los siguientes:

 

1.  Ser persona física, con residencia habitual en la región o zona de actividad de la Caja:  Este requisito deja fuera toda posibilidad de contar con recurso humano procedente del extranjero, que pudiera entrar a dar valor agregado al Consejo o que represente uno o varios inversores significativos  extranjeros.

 

2.  Ser mayor de edad y no estar incapacitado.

 

3. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con la caja de ahorros por sí mismo o en representación de otras personas o entidades.

 

4. No estar incurso en ningún supuesto de incompatibilidades.

 

Es probable que sea fruto de mi lectura rápida de la normativa, pero en ningún lado se establece que los Consejeros deban contar experiencia amplia, suficiente y positiva en entidades del sector financiero.  Tampoco se establece que en los Consejos deba existir una convergencia de diversas disciplinas que permita a estos órganos de gobierno, ejercer con  idoneidad sus funciones básicas de estrategia, supervisión y control.

 

Asimismo, convendría apuntar que los impositores solo tienen como requisito adicional tener la condición de impositores de la Caja de Ahorro y que su antigüedad sea superior a dos años.

 

La limitación del término para ser elegido Consejero, será fijado por los estatutos de cada entidad de conformidad con lo establecidos en el nuevo artículo 9, teniendo que tener en consideración que el mandato no podrá ser superior a los doce años.  Éste término resulta demasiado laxo, particularmente para Consejeros independientes, figura que cobra gran importancia si lo que buscaba la reforma del sector es entre otros aspectos, fortalecer o en algunos casos gestar, una imagen de seriedad, sostenibilidad y confianza.

 

 Es evidente que la nueva regulación del sector de cajas, no bastará para que estas entidades sean atractivas a la luz de los inversores.  Entidades como Black Rock, Norges y Franklin Templeton cuentan con guías de gobierno corporativo que sugieren que al menos 50% de los miembros del Consejo deberían ser independiente, y no sobra destacar que un Consejero que tenga 12 años de mandato difícilmente podría considerarse como independiente frente a los estándares internacionales.

 

¿Procederán las Cajas a autorregularse para plantear requisitos estrictos para los candidatos a los Consejos de Administración?; ¿Cómo se valorarán estos candidatos?; ¿Se impondrán sistemas de administración de riesgos que mitiguen la influencia política con la que tradicionalmente cuentan las Cajas?; ¿De qué manera se estructurarán los sistemas de remuneración de estos ejecutivos?

 

La legislación tiene límites, y parece ser que el tema de Gobierno Corporativo no fue un principio rector o prioritario para definir su arquitectura, al menos no en cuanto al reconocimiento de ciertas prácticas internacionalmente aceptadas se refiere. 

 

Solo les queda a los Consejos de estas organizaciones concientizarse sobre la importancia de las prácticas internacionales de gobierno corporativo y aceptar que a nivel de autorregulación deberán ofrecer a los inversores internacionales, diversas garantías que les permita saber que existe una sistema de control y administración eficiente, transparente y equitativo, que coadyuve con la mitigación de los riesgos asociados al gobierno de éstas entidades.

 

Los indicadores de solvencia no son la única tarjeta de presentación que vale en ésta marea financiera, los mecanismos de administración de riesgos y las prácticas de gobierno que ofrezcan las Cajas serán decisivas para captar y sobre todo mantener recursos de fondos extranjeros.

 

En el gráfico se puede observar cuales son los temas de gobierno corporativo considerados hoy como prioridad para los inversores extranjeros, según fuente ISS.

 

Sin gobernabilidad no hay confianza… Sin confianza no hay alianzas.