Aunque la aplicación de la directiva Solvency II conlleva todavía muchos interrogantes, ya es posible identificar a los ganadores y perdedores potenciales del proceso de asignación de activos de las aseguradoras. Las acciones, de ahora en adelante perjudicadas por su carga de capital reglamentario, figuran entre los perdedores, mientras que los bonos convertibles, que permiten la exposición a la renta variable pero con una carga prudencial considerablemente menor, se encuentran entre los ganadores.
Al contrario de lo que se acostumbra actualmente, Solvency II impone un nivel mínimo de fondos propios, denominado Solvency Capital Requirement (SCR), que no se basa solamente en una simple evaluación contable de los compromisos sino que toma en cuenta la totalidad de los riesgos a los que está expuesta la aseguradora, incluidos los que provienen de sus activos financieros. De esta forma, todo compromiso requerirá, como contraparte, una cantidad de capital calculada no sólo en función de los riesgos específicos del contrato, sino también de los riesgos asociados con las inversiones que surjan de este compromiso.
Por lo tanto, la inversión en activos financieros del alto riesgo en vez de en bonos de Estado (considerados sin riesgo…) supondrá el uso de una fracción adicional del capital de la aseguradora, la cual deberá ser remunerada para evitar la disminución de los ratios financieros de la empresa. En consecuencia, la aseguradora tendrá que utilizar una parte de la rentabilidad de sus activos seleccionados para remunerar su propio capital. En las condiciones actuales del mercado, puede estimarse que dicha remuneración equivale al 8% del SCR movilizado.
En lo que se refiere al riesgo de acciones, el SCR asociado es en promedio del 39% para las acciones cotizadas en la OCDE. Puede calcularse entonces que, en el marco de la directiva Solvency II, será un 3,2% más baja la rentabilidad de una inversión en renta variable por parte de una aseguradora. Ahora bien, un coste tan elevado compensa en gran parte la prima de riesgo de las acciones con respecto a los bonos de Estado, neutralizando así los beneficios esperados de este tipo de inversión.
Gracias a su convexidad (participación al alza del valor de las acciones y limitación de las bajadas por el valor mínimo de los bonos), los bonos convertibles permiten un ahorro significativo de capital reglamentario con respecto a una exposición directa al mercado de acciones. Cuando asciende al 18,5% el SCR de mercado de un bono convertible sensible al 50% a las fluctuaciones de una acción fuera de la OCDE, con vencimiento a 5 años, calificación crediticia de BBB y un subyacente denominado en una divisa extranjera, el SCR de la acción subyacente pura alcanza el 60,3% aun cuando la rentabilidad a largo plazo de los bonos convertibles es sensiblemente similar a la de las acciones.
En conclusión, dada esta disminución relativa de los costes asociados con los fondos propios reglamentarios, las aseguradoras favorecerán a los bonos convertibles en los próximos años, sobre todo frente a las acciones. De hecho, los resultados del Quantitative Impact Study 5, un estudio de impacto en el que participó la mayoría de las aseguradoras europeas, demostraron que las acciones, que representan tan sólo el 11% de la asignación de las aseguradoras, constituyen definitivamente la primera contribución en el cálculo del capital reglamentario total.