La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha publicado sus prioridades supervisoras para el periodo 2020-2022. Es la primera vez que el organismo las difunde de forma pública y, tal y como aseguran, tiene como fin “la protección de los derechos de los asegurados, partícipes y beneficiarios y la contribución responsable del sector al sistema financiero”.
En concreto, su programa se basa en el plan de convergencia supervisora emitido por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) e incluye las prioridades específicas del mercado español. Se han establecido 11 áreas que reflejan cuáles son las prioridades generales de supervisión entre el cuarto trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2022. Adicionalmente, se han incorporado otras actuaciones específicas para analizar la situación derivada por el COVID-19, cuyo seguimiento hasta ahora ha constatado la posición general de solvencia y adecuada capitalización del sector asegurador.
Una de esas prioridades es potenciar, en el caso de los fondos de pensiones, el seguimiento y control de algunas variables relativas a la inversión y la rentabilidad de las inversiones. Además, en materia de seguros se prevé reforzar la supervisión de entidades aseguradoras que presenten situaciones desfavorables; vigilar las estimaciones de las necesidades de liquidez y su evolución; supervisar las políticas de distribución de dividendos y las remuneraciones variables; y analizar la evolución de los rescates de los seguros de vida y de los derechos consolidados en planes de pensiones en los nuevos supuestos excepcionales aprobados.
Durante el año pasado, el 51% de las actuaciones generales de supervisión fueron a entidades aseguradoras, un 25% a planes y fondos de pensiones; un 25% a mediadores y apenas un 3% a prevención del blanqueo de capitales. Según consta en el informe, las reclamaciones de planes de pensiones aumentaron un 48% durante 2019, mientras que las reclamaciones frente a entidades aseguradoras disminuyeron un 6%.
Un 22% de las reclamaciones a planes de pensiones fueron por problemas de información, comercialización y publicidad, según el informe. Le siguieron las quejas por prestaciones (un 15%) y movilización de derechos consolidados (12%). En cuanto a las consultas, destacaron las relativas al régimen de incompatibilidades entre aportaciones y prestaciones, embargo de los derechos consolidados y la afección de los derechos consolidados en garantía de una obligación principal asumida con una entidad bancaria.