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La CNMV sugiere a la Comisión Europea dar marcha atrás en el desglose de costes de análisis y ejecución


El regulador español ha enviado a la Comisión Europea sus comentarios en relación a la consulta pública que lanzó Bruselas en febrero sobre posibles reformas a las normativas del mercado de valores europeo, MiFID y MiFIR. Entre sus recomendaciones, la CNMV insta al organismo europeo a realizar una “reconsideración radical de MiFID II sobre el unbundling”. Y es que la normativa europea exige a las entidades a separar los costes de análisis y ejecución y publicar, de forma desglosada, si la gestora asume los costes de análisis o los imputa a sus clientes en los fondos. Algo que, tradicionalmente, se incluía directamente en el coste del fondo.

En opinión de la CNMV, el régimen de desagregación bajo MiFID está afectando “significativamente de forma negativa a la cantidad y, probablemente, también a la calidad del análisis disponible para los gestores de carteras y fondos, especialmente en la información sobre pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa”, arguye. El organismo avisa que esto es “preocupante en el actual clima macroeconómico y en el contexto del relanzamiento del proyecto CMU (Unión del Mercado de Capitales)" porque una medida “aparentemente impecable, desde el punto de vista de la transparencia y la gestión justa de los conflictos de intereses, tiene implicaciones contraproducentes desde otras perspectivas que pueden merecer la misma o incluso más atención”, advierte. Entre éstas, cita "el acceso a los mercados y, en última instancia, para financiar en mejores condiciones a las pequeñas empresas; la existencia y el desarrollo de firmas de inversión locales activas, que ayudan a enriquecer los ecosistemas financieros; y la calidad de gestión (ya que los gerentes tienden a comprar menos investigación y la investigación es de peor calidad)".

La alternativa que plantea la CNMV a este problema es que las empresas puedan optar por no participar “imponiendo a aquellos que optan por no cumplir la obligación de informar específicamente a los clientes sobre su decisión y justificar de vez en cuando (por ejemplo, anualmente) en un informe escrito presentado al consejo (o enviado a la autoridad supervisora pertinente) que los costes adicionales relacionados con el pago de tarifas de intermediación más altas corresponden a investigaciones valiosas y han sido asumidos por los clientes en términos generales de manera equitativa”, sugieren.

Prohibición de las retrocesiones

El regulador español también ha reflexionado sobre el modelo de retrocesiones en España, limitado desde la entrada en vigor de MiFID II y tras el que muchas entidades han optado por impulsar sus servicios de gestión discrecional de carteras. No obstante, la CNMV adelanta en este documento que “respaldaría una evaluación de la posible introducción de una prohibición de incentivos completa para todos los productos minoristas en toda la Unión, siempre que la prohibición se aplique no solo a los productos MiFID, sino también a otros productos similares como los instrumentos de seguros de inversión (como los unit linked), para garantizar la igualdad de condiciones necesaria”, señala.

Eso sí, el regulador admite que esta medida provocaría un “fuerte impacto” en los modelos de negocio de muchas empresas. Por esta razón, considera que la evaluación debe ser “lo suficientemente profunda y granular” e incluya aspectos como el impacto que el régimen de incentivos ya ha tenido en la distribución de productos de inversión minorista en toda la Unión, “teniendo en cuenta los diferentes modelos de distribución y los riesgos y posibles consecuencias no deseadas vinculadas a una prohibición”, explica.

Si la decisión fuera mantener sustancialmente el régimen actual, la CNMV avisa de que apoyaría posibles alternativas para hacer que régimen fuera más efectivo: “El enfoque debe ser asegurar que, en el caso de los incentivos, las empresas realmente tengan que implementar mejoras importantes y significativas a la calidad del servicio y que las mejoras sean lo suficientemente relevantes teniendo en cuenta el tamaño del incentivo en cuestión”, razonan.

Para ello, la Comisión Europea tendría que cerrar una lista con las posibles mejoras, sin considerar las que no sean las específicamente mencionadas en el Reglamento Delegado MiFID, e introducir reglas para evitar formas fáciles de eludir el régimen de incentivos.

Otras consideraciones

Por otra parte, la CNMV no considera que se requiera una nueva categoría de clientes intermedia entre minoristas y profesionales, ya que no ha identificado “ningún problema o deficiencia en el régimen de clasificación actual” y considera que “agregaría más complejidad al régimen actual de MiFID II”.

Lo que sí sugiere a Bruselas es que podría trabajar en la “sobrecarga de información” con el objetivo de evitar que se proporcione información inútil a los clientes y una mejor calibración de la información que se distribuya a los diferentes tipos de cliente. En ese sentido, “la CNMV apoya una reducción de la información sobre costos y cargos para clientes profesionales”, avanzan.

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