La temporada de juntas generales de 2019 llegó a su fin. Escenario de varias revueltas de accionistas, la temporada ha sido cuando menos agitada. Los inversores se han tomado más en serio que nunca su responsabilidad: defender los intereses de sus clientes, propietarios, en definitiva, de las empresas en las que invierten. Al hacer oír su voz en las juntas generales, los inversores tienen gran poder para mover las posiciones y actuar en favor de la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo. La época de la autocomplacencia parece cada vez más cosa del pasado.
“Pocas juntas generales habrán acaparado tanta atención como las últimas de la empresa química alemana Bayer. Hay que decir que la adquisición de Monsanto es una de las operaciones que más valor ha destruido de la historia. Tras un debate de 13 horas, los accionistas votaron masivamente en contra de la resolución que solicitaba exonerar a la dirección, hecho bastante raro que destacar. Sin consecuencias sobre el papel, el mensaje de desconfianza enviado al consejo de administración y a la dirección es, sin embargo, inequívoco”, afirma Sonia Fasolo, gestora de ISR en La Financière de l´Echiquier.
Los activistas hacen acto de presencia cada vez más a menudo y no dudan en presentar resoluciones. Aunque a veces pueda criticarse su oportunismo, o su agresividad, estos inversores tienen al menos el mérito de poner en evidencia (y en público) cuestiones de gobierno corporativo. Es lo que ocurrió en SCOR. A pesar de la gran calidad del balance de Denis Kessler, presidente y director general de este grupo de reaseguros, es lógico preguntarse por la existencia de contrapoderes y de un posible plan de sucesión.
Los accionistas también saltaron a la palestra en EssilorLuxottica. Los directivos, que habían prometido una fusión entre iguales entre el líder mundial en vidrio oftalmológico y el líder en monturas, todavía no han logrado fusionar... sus egos. Una coalición de accionistas minoritarios, inquietos por la parálisis en la toma de decisiones en medio de esta guerra de jefes, propuso el nombramiento de dos consejeros independientes para tratar de salir de la crisis. Por desgracia, sus resoluciones no fueron aprobadas, pero cosecharon entre el 34% y el 44% de los sufragios. Puesto que sabemos que Leonardo Del Vecchio, accionista de referencia del nuevo grupo, ostenta el 31% de los derechos de voto, esto significa que una gran mayoría de los accionistas minoritarios que votaron respaldaron estas resoluciones.
“Esta primavera de los minoritarios es una señal que muestra que los inversores se preocupan cada vez más por las cuestiones de gobierno corporativo, pero también medioambientales y sociales que han sido objeto de cada vez más resoluciones. Además, recuerda la importancia de mantenerse al margen de las empresas con un gobierno corporativo deficiente”, destaca la experta. Es una de las conclusiones del estudio sobre la compatibilidad de la ISR y la rentabilidad que publicamos hace unos meses. Las gestoras dudan cada vez menos en mostrar su desacuerdo con la dirección cuando lo consideran necesario.
El activismo es una práctica relativamente reciente en la industria de gestión de activos. Históricamente, las entidades solían renunciar a influir sobre las compañías en las que invertían. La cada vez mayor relevancia que ha ido adquiriendo la ISR ha hecho que las entidades hayan constituido equipos específicos internos dedicados a fomentar las buenas praxis corporativas a través del poderoso instrumento que supone la política de voto en las juntas de accionistas, equipos que se han ido reforzando durante los últimos años, incluso en lo que respecta a las firmas de gestión pasiva.
Entre 2014 y 2015, los doce mayores entidades de gestión pasiva contaban en total con 60 profesionales trabajando en estos departamentos. A cierre de 2017 el número se había prácticamente duplicado (113). A diferencia de los gestoras activas, los proveedores de ETF y fondos indexados no pueden vender compañías mal gestionadas. La única herramienta de la que disponen es la de tratar de cambiar las cosas a través del voto.
Lo interesante es que estamos empezando a ver evidencias de disidencia entre lo que quiere la compañía y lo que busca la gestora. Esto es particularmente cierto en el caso de las firmas americanas, quienes en relación con sus homólogas europeas han sido históricamente más reacias a cuestionar el status quo, especialmente en relación con los problemas ambientales y sociales. Un caso reciente fue el de Exxon Mobil. “BlackRock y Vanguard apoyaron una propuesta de los accionistas que pedían una mayor difusión de los riesgos relacionados con el clima, en contra de la recomendación de la junta de la petrolera. Esta fue la primera resolución de este tipo que Vanguard había apoyado. Otras gestoras, como State Street, Amundi y Legal & General IM, ya habían votado a favor de la propuesta en 2016”, indican Hortense Bioy, José García-Zarate y Alex Bryan, analistas de Morningstar
State Street también fue noticia después de su oposición a la reelección de directivos en 400 compañías por no haber nombrado a más mujeres en el consejo.
Entre 2016 y 2017, de media las entidades votaron a favor de las propuestas de los directivos de la compañía en el 85% de las ocasiones. En el 15% lo hicieron en contra. Dos años atrás el porcentaje de los votos en contra era del 10,5%, por lo que se aprecia una importante evolución a la hora de oponerse a los planes de la compañía. Quienes entre 2016 y 2017 se manifestaron en contra en mayor medida fueron DWS (lo hizo en el 23% de las votaciones) y Nomura AM (22%). Dos años antes esos porcentajes eran del 17% y del 13%, respectivamente. El activismo va a más.
