La asociación española de IIC y fondos de pensiones considera positiva la propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad para crear un mercado alternativo de renta fija, o MARF, que alivie las dificultades de financiación de las empresas españolas y complemente la financiación bancaria, ahora bajo presión. Pero con tres objeciones: en primer lugar, señala la dificultad de inversión por parte de IIC tradicionales y fondos de pensiones debido a las exigencias de liquidez y solvencia que deben tener los activos que compran. Además, Inverco pide incentivos fiscales similares a los existentes en el mercado alternativo bursátil (MAB) y pide que se reduzca el número de participantes propuestos en el MARF para reducir costes.
Son propuestas de la asociación, ya trasladadas al Ministerio, para que dicho mercado, en caso de llegar a constituirse, “sirva mejor los objetivos de las IIC y los fondos de pensiones españoles”. Así, frente a la idea de que sean los inversores institucionales los constituyentes del “público objetivo por excelencia”, plantea las dificultades de inversión por parte de los fondos de inversión tradicionales y los fondos de pensiones, si bien no habría problema por parte de las IIC de inversión libre.
Mientras por ley las IICIL pueden invertir sin límites en sistemas multilaterales de negociación, las IIC armonizadas hasta un 97% y los fondos de pensiones hasta un 30%, advierte que en el caso de estas dos últimas “existen determinados requisitos cualitativos en sus respectivos regímenes de inversión que, en la práctica, serían difíciles de cumplir en caso de invertir en este tipo de instrumentos”. En concreto, se refiere a la liquidez y la calificación crediticia de los activos.
Negociación frecuente
En primer lugar, cree necesario que las funciones que se encomienden a la entidad de liquidez aseguren una negociación frecuente de estos valores que permitan su valoración y venta diaria. “En el caso de las IIC, la normativa impone numerosas obligaciones a sus gestoras, cuyo cumplimiento desincentiva, e incluso prácticamente impide, el recurso a inversiones en activos que no sean extremadamente líquidos, lo que podría suceder en el caso de los negociados en el MARF. En el caso de los fondos de pensiones las conclusiones son las mismas”, dice Inverco en su comunicado.
Con respecto al rating, y frente a la propuesta de que la calificación crediticia se sustituya por un “scoring o un informe de solvencia” realizado por el propio emisor, pide al Ministerio que establezca un precepto que permita equiparar cualquiera de las dos opciones a las calificaciones que actualmente emiten las agencias de calificación crediticia, pues así lo exige la Ley de IIC. Por ejemplo, algunos fondos como los monetarios sólo pueden invertir en activos con cierta calidad.
Sobre el incentivo fiscal del que habla el Ministerio, Inverco lo cree “oportuno” pero pide mayor concreción. Así, en la propuesta inicial se propone equiparar el tratamiento de la inversión en este mercado al de otros secundarios oficiales. Pero Inverco recuerda que no hay tal incentivo: “El inversor queda sujeto a su impuesto personal en el momento de la transmisión de los instrumentos, sin reducción ni deducción alguna en la base o en la cuota”, dice. Por ello, propone equiparar el incentivo al existente en algunos lugares para el mercado alternativo bursátil, consistente en una deducción en cuota por la adquisición y mantenimiento de estos activos. Un sistema establecido en algunas comunidades autónomas, como Aragón, Cataluña o Madrid.
Por último, Inverco hace una matización sobre los agentes intervinientes en la operativa que pide el Ministerio, que considera excesivos porque encarecerían el coste de la emisión. Frente al asesor registrado, valorador, entidades de liquidez, colocador y coordinador, propone que varias de esas funciones se agrupen en una única entidad, así como la asunción de algunas no sólo por entidades de crédito o empresas de inversión, sino también por gestoras de IIC, que menciona su experiencia en el MAB -en el que cotizan el 99% de las sicav españolas-.
Propuesta inicial
En su propuesta de creación del mercado alternativo de renta fija, el Ministerio de Economía habla de un sistema multilateral de negociación para que empresas de tamaño grande puedan emitir deuda en forma de pagarés o bonos que cubran sus necesidades de financiación sobre todo a corto plazo, con emisiones de entre 10 y 25 millones y vencimientos estandarizados. Y sobre todo, con requisitos más flexibles de emisión que los existentes en mercados secundarios oficiales. En este sentido habla de la sustitución del documento regulado por uno informativo más sencillo y estandarizado y la no exigencia de calificación crediticia, que sería sustituida por una nota o informe de solvencia. El Ministerio pide también que se elimine la restricción de emisiones a las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas.
