La llegada de la Directiva UCITS IV el próximo junio debería aprovecharse para mejorar la competitividad del sector de la inversión colectiva española. Así, lo recoge Inverco, la asociación del sector, en un documento enviado al Ministerio de Economía.
El grupo de trabajo creado por Inverco propone varias modificaciones legales. Entre ellas, la eliminación de exigencias o requisitos establecidos en la normativa española y no en la de otros Estados miembros, que desincentivan la comercialización de fondos y sicav españoles en el extranjero y en España y que fomentan la deslocalización de la industria, "abocando a España a convertirse en un Estado receptor de Fondos, en el que sólo se realice la última actividad de la escala de valor, concretamente su distribución", según explica una carta enviada por Inverco a sus asociados.
Además, el grupo de trabajo de la asociación solicita el establecimiento de medidas de promoción que contribuyan a "hacer de España un destino más atractivo, no sólo para la industria de gestión de activos doméstica que ya está establecida, sino también para la que actualmente se encuentra en otros países".
En su opinión, Economía debería aprovechar la transposición de la directiva UCITS IV y sus reglamentos de desarrollo para incorporarse algunas medidas adicionales de carácter financiero y fiscal que incrementen la capacidad competitiva del sector, "no solamente a nivel de la Unión Europea sino a nivel mundial, especialmente en nuestra proyección iberoamericana", explican.
El grupo de trabajo cree que deberían incluirse algunas medidas existentes en países de nuestro entorno. Es el caso de la existencia de cuentas ómnibus para la comercialización de productos en el mercado español; la posibilidad de crear compartimentos independientes fiscal y operativamente; la existencia de IIC institucionales, y la posibilidad de realizar préstamo de valores y acuerdos de garantía financiera. Por otro lado, creen que debería eliminarse de la legislación española la tributación del 1% para fondos y sicav y sus compartimentos; la existencia de un número de inversores en los productos, y las obligaciones del comercializador extranjero en caso de que distribuya productos a través de cuentas ómnibus.
