Inverco ha realizado recientemente una propuesta novedosa al Ministerio de Economía y Empresa en torno a la posibilidad de mejorar la gestión de los fondos españoles con cierres reales cuando su volumen sea muy elevado. Según Ángel Martínez Aldama, presidente de la Asociación, la proposición persigue que los fondos españoles puedan ser cerrados a decisión del gestor cuando éste vea comprometida su labor debido a un gran patrimonio que gestionar.
Normalmente, en mercados estrechos (locales o nichos de activos específicos), un patrimonio elevado en un fondo puede llevar a realizar una mala asignación del capital por parte del gestor o equipo de gestión responsable debido a que no existen emisiones con el suficiente atractivo dentro de esa determinada categoría de activo, lo que redundaría en una peor rentabilidad futura.
De esta forma, Inverco busca homogeneizar la práctica española de los cierres de fondos con lo establecido en Luxemburgo u otros mercados europeos por folleto. En España, lo común es que, cuando un fondo de éxito quiere limitar su patrimonio, establezca una comisión de suscripción o reduzca la inversión mínima inicial a una participación o, por el contrario, la incremente considerablemente para desincentivar en cualquiera de los casos la compra de nuevas participaciones. Por el momento, esta propuesta “no ha sido mal vista en Economía”, aseguró Martínez Aldama en una intervención dentro de la presentación del Informe Smart-ISH 2018, de Abante.
En los últimos meses, varios fondos españoles de renombre han utilizado esta fórmula para limitar y estabilizar su patrimonio. El Santander Small Caps España, gestionado por Lola Solana, se ha plantado en los 1.300 millones de euros; mientras que el Magallanes Microcaps Europe y el Magallanes Iberian Equity, de Iván Martín, han llegado ya a su capacidad máxima, de 100 millones y 500 millones, respectivamente.
Por otro lado, el presidente de la Asociación también mostró su inquietud sobre la trasposición pendiente de MiFID II en España. Según la previsión de Inverco, el cambio de gobierno recién sucedido retrasaría esta trasposición hasta finales de año, por lo que, como mínimo, no podría aplicarse de pleno la directiva europea en España hasta 2019.
