Inverco pide que los fondtesoros puedan invertir en deuda dos niveles menor a la española


La legislación española está adaptándose a la realidad de los mercados, tratando de reducir la dependencia de las calificaciones crediticias de las agencias de rating y a facilitar la las IIC la financiación al Estado y entidades privadas. Además de un Proyecto de Circular de la CNMV y un Real Decreto para aprobar el nuevo Reglamento de IIC que van esa línea, actualmente está en marcha un Proyecto de Orden Ministerial sobre Convenios de Colaboración relativos a Fondos de Inversión en Deuda del Estado, los llamados fondtesoros. Esta normativa permitirá también un mayor alineamiento con las tendencias del mercado, especialmente en materia de calificaciones crediticias de los activos en los que éstos pueden invertir.

Gracias a ella, podrán actualizarse los documentos informativos de los fondtesoros a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC, modificada por la Ley 31/2011, de 4 de octubre, que regula la sustitución del folleto simplificado por el documento con los datos fundamentales para el inversor.

La asociación española de IIC y fondos de pensiones, Inverco, valora positivamente estos avances, pero ha formulado una serie de comentarios y peticiones, según un documento remitido a sus asociados. En primer lugar, pide una mayor flexibilización de los requisitos de solvencia, en línea con las actuales iniciativas nacionales y europeas destinadas a reducir la dependencia de las agencias y a facilitar la financiación a la economía por parte de los fondos de inversión.

Actualmente los fondtesoros pueden invertir hasta el 30% de su patrimonio en activos distintos a la deuda pública española. En este sentido, Inverco pide que se permita establecer un rating mínimo para dichos activos en dos niveles por debajo de la calificación de la deuda gubernamental en cada momento, para posibilitar la invesión en otros emisores públicos y privados. Ahora, eso significaría dar luz verde para invertir en renta fija high yield o de alta rentabilidad. “Tras las sucesivas bajadas de rating de las últimas semanas, prácticamente todas las entidades españolas (sobre todo las financieras), han visto reducida su calificación por debajo de la correspondiente a la deuda española. Este hecho limita severamente el universo de inversión de los fondos”, explica la asociación.

Inverco está de acuerdo en el apartado del convenio que habla de ofrecer alternativas al rating para permitir la inversión en activos que carezcan de la calificación mínima pero gocen de solvencia según el análisis de las gestoras. Pero cree que el texto debería precisar más el alcance de ese análisis, en línea con lo que establece el Proyecto de Circular de la CNMV, que pide una sola calificación de solvencia por parte de una agencia para invertir en un emisor y permite hacerlo en aquellas que no disponen de grado de inversión si la gestora determina, “tras la realización de un análisis exhaustivo” que su solvencia es adecuada.

Inverco considera asimismo que el texto debería especificar que el requisito de solvencia mínima se limita al momento de adquisición del activo, pues “de lo contrario, un incumplimiento sobrevenido podría obligar a venderlo, con posible perjuicio para los inversores”. La asociación también pide la exención de rating para emisores autonómicos y locales. Es decir, que no se exija calificación de solvencia a inversiones emitidas o avaldas por un estado de la UE, comunidad autónoma, entidad local u organismo internacional del que España sea miembro.

ICO y derivados

En otras de sus propuestas para los fondtesoros, Inverco pide que la ley, que contempla la inversión de hasta un 20% en fondos de titulización de activos avalados por el ICO (incluido dentro del 70% mínimo de posición en deuda del Estado), permita también la inversión directa en el ICO con cargo a dicho 20%.

En lo referente a la operativa en derivados, pide la admisión de la operativa en derivados en moneda no euro, para cubrir riesgos asumidos en caso de ejercitar la nueva posibilidad de inversión en deuda del Estado denominada en otra divisa, contemplada en el Proyecto de Orden (que elimina la exigencia que figura en la Orden vigente de que dicha deuda esté denominada en euros). En cuanto al plazo de adaptación, Inverco cree que no debería ser inferior a cuatro meses.

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