Inverco estima el coste de la implementación del agente centralizador en 22 millones de euros


“Las nuevas cargas administrativas que se han impuesto en el sector no tienen sentido y no resistiría ningún análisis coste/beneficio”. Así de contundente se ha mostrado Ángel Martínez-Aldama, director general de Inverco, sobre la figura del agente centralizador que tanta polémica está causando en el sector de la inversión colectiva en las últimas semanas. Desde la asociación han llevado a cabo ese análisis y el resultado es demoledor.


Según sus cálculos, el coste de implementación del agente centralizador supondría 200.000 euros por cada uno de los 120 distribuidores de fondos que hay en España, más un coste anual de mantenimiento, lo que sería un desembolso total de 22 millones de euros.


Para calcular los beneficios que se obtendrían de esta medida, la asociación ha tomado en cuenta “el mejor escenario posible”, esto es han estimado que el 5% de los partícipes tienen el mismo fondo con distintos comercializadores, y con unas plusvalías del 15%, deciden reembolsar su participación más antigua. Al aplicar la regulación FIFO de manera conjunta para todos los distribuidores, según los cálculos de la asociación, no supondrían más que 300.000 euros extra para Hacienda. “La recaudación es ridícula”, asegura Aldama, quien ha participado en el evento Funds Experts Forum, organizado por iiR y patrocinado por Accenture, Bank of America Merrill Lynch, Fidelity Worldwide Investment y Pictet.


Además del elevado coste y el escaso beneficio que supondría la implementación de esta medida, Aldama señala dos riesgos asociados que podría acarrear: que haya un agente centralizador monopolístico o que a los distribuidores no les interese comercializar IIC extranjeras si tienen que asumir estos costes.
Desde la asociación están trabajando para encontrar una solución a esta situación, si bien, Aldama reconoce que no es fácil modificar una norma de rango de ley. En todo caso, esta medida está todavía pendiente de regulación, ya que fue incluída en la última reforma de la Ley de IIC, aprobada en octubre. “En las cuentas ómnibus se ha optado por una solución a la española”, ha señalado el director general de Inverco. “Innovar es bueno, pero para esto hubiera sido mejor que no innovaramos”.


En cuanto a las medidas que, en opinión de la asociación, deberían ser implementadas para fomentar la industria destaca la eliminación de la obligatoriedad a los no residentes de informar del NIF a la hora de comprar una IIC española, de la misma manera que este verano se ha eliminado esta obligación cuando compran acciones o deuda pública, lo que a su entender eliminaría las trabas que existen en los productos españoles para ser comercializados en el extranjero; que se encuentre una solución al tema del agente centralizado; que se establezca el tipo impositivo en las IIC al 0%, para que el partícipe de un fondo no sufra la doble imposición que tiene actualmente al tributar el fondo primero y después el partícipe, y que se elimine el requerimiento de un número mínimo de partícipes (100) para que las IIC con forma de sociedad sean traspasables. “Todas estas trabas administrativas han hecho que la industria española se haya convertido en una industria únicamente de distribución retail”, ha asegurado Aldama, que espera que, según se vayan solucionando estos problemas, pueda ser más institucional.

 

Durante la jornada de iiR, en la que participaron numerosos profesionales del sector de la gestión y el asesoramiento, la tónica general fue de cierto optimismo de cara al futuro, no sin preocupación por la situación actual que atraviesan los mercados y el sector, pero con algo de autocrítica y muchas ideas de trabajo. Funds People irá publicando nuevos artículos sobre la jornada en los próximos días.

Empresas

Noticias relacionadas

Lo más leído