El derribo del avión comercial de la compañía Malasya Airlines el pasado 17 de julio propiciado por un misil lanzado desde territorio pro-ruso provocó que la sanciones europeas y estadounidenses impuestas a Rusia por su involucración en el conflicto ucraniano se hayan extendido desde únicamente personas relacionadas con el Kremlin hasta sectores puramente estratégicos para su economía.
En concreto, las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos contemplan tres sectores: financiero, energético y militar.
En este sentido, ningún operador europeo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros (acciones, bonos y derivados, entre otros) de cualquier banco ruso cuando el Estado sea propietario de más del 51% de las acciones del banco. Además, se denegarán licencias de exportación de equipamiento y tecnología para la extracción del gas y petróleo. También se establecerá un embargo sobre armamento o tecnología susceptible de ser utilizada con fines militares, incluidos aquellos con fines mixtos, es decir, con fines militares y civiles. Todas estas sanciones no son retroactivas y, en el caso de la UE, las impondrá durante el próximo año y las revisará cada trimestre, resume Welzia Management en su último informe mensual, titulado ‘Riesgos geopolíticos’.
No obstante, “aunque a simple vista parezca mayor la dependencia de Rusia de la UE que al revés”, avisan los expertos de la gestora española, “es importante tener en cuenta que un tercio de la energía importada por la UE procede de Rusia, debido a la dificultad para sustituir proveedores energéticos en el corto y medio plazo”. Por eso, prosigue Welzia, “la reacción rusa a las sanciones impuestas en la UE tendrían un efecto altamente perjudicial sobre la propia UE”. El miedo europeo reside, básicamente, en que Rusia corte el suministro de gas a Europa, pese a que “no se espera una intervención militar por ninguna de las dos partes”.
Pero una cosa son los votantes rusos y su espaldarazo a la gestión del presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, a raíz de la guerra y otra bien distinta la preocupación de los empresarios más ricos e influyentes de Rusia por los efectos que las sanciones internacionales puedan tener sobre la economía nacional. “A pesar de la dificultad de expresar dichas opiniones en público, se espera que acaben teniendo algo de peso sobre las decisiones del presidente”, están convencidos desde Welzia y, por tanto, que suavicen los posibles efectos perjudiciales sobre sus empresas y la economía local.
Por el momento, Rusia ha vetado las importaciones de alimentos europeos y estadounidenses. Subraya Welzia que el 39% del PIB de la UE proviene de las exportaciones, donde la cuota de mercado ruso asciende hasta el 7,3% de las mismas. En sentido contrario, el 51% de la economía rusa depende de las exportaciones, donde sus socios europeos representan el 47% de ellas.
