El sector de los hedge funds y el del capital riesgo contribuyen con unos 7.900 millones de libras, unos 9.000 millones de euros, al fisco de sus respectivos gobiernos en la Unión Europea, según una encuesta elaborada por el think tank independiente Open Europe.
De estos 9.000 millones, cerca de un 65% (6.100 millones) se quedan en las arcas de la Hacienda británica.
Por otro lado, la industria de la gestión alternativa emplean de forma directa a unas 40.000 personas en Europa.
El sondeo ha sido realizado entre los miembros de la Alternative Investment Management Association (AIMA) y la Private Equity and Venture Capital Association (BVCA). Open Europe ha recibido 121 respuestas de gestoras de hedge funds con un patrimonio de 342.000 millones de dólares y 41 respuestas de gestoras de private equity, principalmente basadas en reino Unido, con activos bajo gestión por valor de 204.000 millones de dólares.
Según estos profesionales, la implementación de la nueva directiva europea para la regulación de la gestión alternativa podría costar a este sector entre 1.300 y 1.900 millones de euros el primer año. A partir del segundo año, los costes recurrentes se situarían entre los 670 y los 985 millones de euros. Los encuestados consideran que los costes relacionados con el cumplimiento normativo se incrementarían en torno a un tercio.
El estudio concluye que si la propuesta de directiva entrase en vigor en su redacción actual, la capacidad de los inversores europeos de elegir libremente entre los mejores fondos y gestoras podría recortarse hasta el 80%. Al mismo tiempo, la capacidad de los gestores para conseguir rentabilidad para sus inversores podría, en algunos casos, reducirse entre el 5% y el 10%.
“La Directiva parece parece dar un espaldarazo al modelo de gestión offshore antes que terminar que él, a pesar de que muchos reguladores de la UE quieren que los fondos se registren onshore en tanto en cuanto esto fortalece la transparencia y la gobernabilidad de las gestoras de inversión alternativa”, afirma el estudio. De hecho, el 27% de los encuestados afirma que es menos probable que trasladen sus fondos a un país de la UE si se aplica la norma.