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Guía para entender cómo afecta la nueva directiva de derechos de los accionistas


MiFID II no es la única novedad en cuanto a regulación que afecta a las gestoras de fondos. En 2017, la Comisión Europea aprobó la nueva directiva de derechos para los accionistas. La Shareholder Rights Directive II busca ser una mejora de la que se puso en marcha en 2007. El pasado 10 de junio fue la fecha límite para que los países europeos implementasen la nueva normativa, por lo que es crucial entender los detalles y su impacto en la relación entre empresa e inversor. El objetivo de la legislación era fomentar una mirada más a largo plazo para la gobernanza corporativa y paliar las deficiencias de la primera directiva, problemas como la falta de transparencia o de estandarización.

Los estados miembros seguirán teniendo algo de flexibilidad para adaptarlo a sus mercados locales. Dicho eso, los principales cambios cubren tres áreas clave donde la Unión Europea quiere marcar un mínimo de estandarización. Esto es, la transmisión de información, el proceso de comunicación a accionistas, y la confirmación de recepción. En la práctica, supondrá cosas como:

- El derecho a que las compañías identifiquen a sus accionistas. Se protegerán datos personales y cada país podrá excluir a aquellos que no lleguen a niveles mínimos de participación hasta un máximo del 0,5% de las acciones.

- Mejora y estandariza la transmisión de la información entre compañías y accionistas.

- Facilita el ejercicio de los derechos de los accionistas al convertir en requisito la confirmación de los votos.

- Establece una proporcionalidad en los costes.

¿Lo notará la industria de la gestión de activos? Jonathan Smalley, cofundador de Proxymity, una plataforma de proxy-voting desarrollada en el contexto de un programa venture capital de Citi, defiende que sí. Significará que las votaciones de los accionistas deberán procesarse sin demora. Hasta ahora es una práctica de mercado el envío agrupado de votos, lo que causa retrasos. Esto supone un problema indirecto para las gestoras. Los emisores –en este caso, las compañías- no sabían cómo habían votado sus accionistas hasta que finalizaba el plazo. “Esto crea bastante estrés entre accionistas y las empresas”, apunta.

Desde EFAMA coinciden en ver ese impacto positivo y recuerdan que los inversores tendrán más control sobre detalles como la compensación del consejo de administración. Claro que las gestoras también están sujetas a una normativa sobre la transparencia más dura. La asociación destaca:

1- La comunicación pública de su política de compromiso. Esto incluye histórico de votaciones y su implementación

2- El deber de informar a inversores institucionales sobre la estrategia de inversión y cómo afecta al mandato y su rendimiento a medio-largo plazo.

La problemática del papeleo manual

Pero en un afán por mejorar, la directiva ha fomentado ciertos problemas en una industria que no estaba preparada para subir el nivel de requisitos. Veamos por qué.

“La normativa es muy potente. Pero la responsabilidad de transmitir la información recae principalmente en las empresas e intermediaros”, explica Smalley. Puede parecer sorprendente en plena era digital, pero la realidad es que hasta ahora todo el papeleo es manual. “Los documentos y datos necesarios para una votación pasan por varios intermediarios e interpretaciones antes de llegar a la gestora. Luego su voto vuelve a viajar por otro sistema complejo de intermediarios”, cuenta.

Para hacerse una idea, hoy la información de una junta de accionistas puede tardar hasta cuatro días en pasar desde el emisor a la plataforma de la gestora o inversor institucional. Y otros cuatro días para volver. Algo que se tiene que tener en cuenta para que el voto llegue antes de la fecha límite. Entre medias el dato del voto tiende a frenarse en cualquier punto entre intermediarios (un custodio, plataformas proxy especializadas en votaciones, etc.).

Además, hay que recordar que es un proceso manual. Porque la mayoría de la información está en formato libre, es decir, que no lo puede procesar una máquina. Son personas reales transmitiendo la información. Así, la realidad es que una gestora puede haber votado 12 días antes de la junta, pero la compañía no conocerá su voto hasta el día límite y la gestora nunca sabrá si su voto ha llegado y ha sido contado.

Una herramienta para digitalizar el proceso

Muchos de los requisitos de la nueva normativa –la estandarización de las comunicaciones, deadlines estrictos para el procesamiento de la información, etc- han añadido más leña al fuego. Por cara, ineficiente, opaca y arriesgada, hay agentes de la industria que vieron en este proceso farragoso una oportunidad de innovar. Es lo que llevó a Citi a apoyar el desarrollo de Proximity, con el objetivo de conectar a compañías con los inversores, reduciendo, simplificando y automatizando el proceso. “Queríamos crear un sistema digital fluido para que los emisores se comunicaran con sus inversores, independientemente de cuántos intermediarios hubiera en medio”, explica Smalley.

Al eliminar el grueso de los intermediarios, su sistema ha ahorrado nueve días del proceso habitual. Pensándolo en términos de un ciclo normal de votaciones de 30 días naturales es casi un tercio.

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