Los planes del Gobierno de Theresa May para poner en marcha el Brexit se acaban de topar con un nuevo obstáculo, el que ha puesto Gina Miller, una gestora de SCM Private, firma de inversión de la City, que ha llevado la salida del Reino Unido a los tribunales… y ha ganado. Al menos, por ahora. En su sentencia, la Justicia británica abraza la posición defendida por Miller de que el referéndum celebrado el pasado 23 de junio tenía un carácter consultivo y que, por lo tanto, lo expresado por el pueblo británico en las urnas no da legitimidad al Gobierno británico a poner en marcha la desconexión si antes no pasa por el filtro del Parlamento, algo a lo que hasta ahora se había negado May. Antes de la celebración del referéndum, eran mayoría los partidarios de la permanencia. Las estimaciones apuntaban entonces a que 480 de los 650 diputados que componían el Parlamento eran partidarios de la permanencia. Por lo tanto, si la sentencia, que es recurrible, termina por ser firme situaría en una posición muy delicada a la clase política, ya que amenazaría con enfrentar directamente al elector con su representado.
Por ahora, los laboristas han celebrado el fallo, al entender que se atiende a la que había sido hasta ahora una de sus principales demandas: que el proceso esté sometido al control parlamentario. En el bando opuesto, el que encarna el Partido de la Independencia del Reino Unido (Ukip) de Nigel Farage, consideran que lo sucedido es un golpe contra los partidarios de un Brexit duro. Resulte en lo que resulte finalmente, lo que parece claro es que el abandono del Reino Unido de la UE se ha judicializado y que esto podría retrasar la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa a más allá de marzo de 2017, fecha inicialmente prevista por el Gobierno de May para solicitar formalmente la salida, sobre todo si el Ejecutivo sigue manteniéndose firme a no pasar por el filtro parlamentario y opta por recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, algo que ya ha anunciado. De producirse finalmente, la apelación se resolverá previsiblemente a principios de diciembre. Esto significa más incertidumbre para los mercados.
En la jornada de ayer, la victoria en los tribunales de Miller provocó una apreciación del 1% de la libra frente al dólar. “La volatilidad es probable que siga siendo una característica en los mercados de divisas. En esta ocasión, el optimismo de los inversores se deriva del hecho de que el Parlamento británico tratará de alejar al Reino Unido de la postura del Brexit duro que plantean los tories, lo cual será menos perjudicial para la economía británica”, asegura Martin Arnold, analista de ETF Securities. Eso sí: esta está demostrando ser mucho más resistente de lo que muchos esperaban. “La primera estimación del PIB del tercer trimestre apunta a que seguirá cayendo sobre el segundo trimestre, pero situándose 0,2 puntos porcentuales por encima del consenso, con un descenso de la producción industrial como factor clave de la desaceleración. La sorpresa positiva podría retrasar la adopción de nuevas medidas de política monetaria y probablemente también reducirá las medidas fiscales tomadas”, indican desde Aberdeen.
Pese a todo el ruido que ha generado el resultado del referéndum, cada vez son más los gestores que empiezan a relativizar el impacto. “El Brexit supondrá una transición muy complicada, pero no tenemos una postura excesivamente pesimista. La política presupuestaria desempeñará un papel determinante, pero la monetaria seguirá siendo muy destacada”, reconoce Ken Leech, director de inversiones de Western Asset, filial de Legg Mason Global AM. El mayor impacto, en todo caso, lo sufrirá Reino Unido. Así lo cree John Surplice, gestor de renta variable europea de Invesco, quien en una entrevista a Funds People aseguraba que el Brexit tendrá un impacto mayor en la economía británica que en la del conjunto de la Unión Europea. “Es un problema más para el Reino Unido que para Europa”, afirmaba.
