“Es necesario apoyar el ahorro de previsión social”


En el contexto actual de crisis, tanto económica como financiera, que está poniendo en entredicho a los sistemas de pensiones nacionales, el debate sobre la necesidad de complementar las pensiones públicas con ahorro privado de carácter empresarial o individual, se ha incrementado. “Aunque pueda parecer complicado en este contexto de crisis y revisión de los estados de bienestar, la previsión social de carácter complementario a los sistemas públicos de pensiones está llamada a tener un desarrollo mayor que el actual”, explica María Asunción Bauzá, socia de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

El panorama nada alentador que vivimos hace que las personas se decanten más por un ahorro de previsión social, dirigido a generar recursos económicos, que por la especulación o un ahorro más a corto plazo. Los problemas de sostenibilidad que rodean al sistema de pensiones de la Seguridad Social, suponen el motivo principal por el que María Asunción considera necesario apoyar la contratación de instrumentos de previsión social que permitan a ciudadanos y empresas “complementar aquellas pensiones de la Seguridad Social que mayor impacto tienen en las economías domésticas cuando se producen”.

Como señala Asunción Bauzá, que actualmente es también profesora en el Centro de Estudios Financieros de Madrid (CEF), las últimas reformas que se han sucedido recientemente en España, como la reforma laboral, y la que le ha precedido sobre la Seguridad Social, tienen un impacto directo en el desarrollo de la previsión social complementaria, tanto desde el punto de vista normativo como práctico, que podría parecer contradictorio. “Por un lado, la Ley 27/2011 por la que se actualiza, adecua y moderniza el sistema de la Seguridad Social, contiene una Disposición adicional por la que se le concede al Gobierno un plazo de seis meses para que remita al Congreso de los Diputados un informe sobre el grado de desarrollo de la previsión social complementaria y las medidas que podrían adoptarse en el futuro para promover su desarrollo en España y, por otro, el Real Decreto-ley 20/2011 sobre medidas de reducción del déficit público, impide durante el ejercicio 2012 la realización de aportaciones a planes de pensiones de empleo y seguros colectivos por parte de las Administraciones, entidades y empresas del sector público”, explica la socia del citado Despacho.

Desde la Unión Europea se está exigiendo a los Estados miembro un compromiso de reforma de los sistemas nacionales de pensiones (Libro Blanco) que facilite el desarrollo de un mercado de pensiones sostenible. Entiende Bauzá Abril que dicho desarrollo no sólo puede sustentarse en exigir a los ciudadanos trabajar más años y pagar más impuestos, sino que debe ir acompañado de políticas que fomenten verdaderamente la natalidad y la familia. “No basta con denunciar la baja tasa de natalidad de la vieja Europa, hay que actuar con decisión y rapidez. Cualquier medida en el sentido de apoyar la vida, para que sea económicamente productiva, exige un periodo de maduración no inferior a 20 años”, explica Asunción con respecto a la idea de puesta en marcha de las propuestas recogidas en el Libro Blanco por parte de la Unión Europea.

La normativa española de Planes y Fondos de Pensiones fue innovadora con la creación de un órgano de control que, según señala Asunción Bauzá, en el ámbito del plan, velara por su correcto cumplimiento a favor de la protección de los derechos de los partícipes y beneficiarios del mismo. Por su parte, en el contexto del fondo, el órgano debía supervisar el cumplimiento financiero de esos planes y, más recientemente, elaborar la política de inversión del fondo. Las Comisiones de Control de los planes de pensiones del sistema individual se han eliminado, pero como resalta la abogada Bauzá, en los planes de empleo mantienen un protagonismo indudable en la ejecución y buen desarrollo del plan al que representan. Finalmente, Mª Asunción resalta la importancia que tienen los miembros de dicho órgano de control, ya que sus decisiones influyen de manera directa en los derechos económicos de los partícipes y beneficiarios. 


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