El retraso de MiFID II demora hasta 2018 la aplicación de las Directrices ESMA sobre productos complejos


La CNMV ha puesto en conocimiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA en sus siglas en inglés) su intención de cumplir con las Directrices sobre instrumentos complejos de deuda y depósitos estructurados. Dichas Directrices deberían ser de plena aplicación a partir del 3 de enero de 2017, según se detalla en el documento final de ESMA del pasado 4 de febrero. Como seis días después Europa prorrogó la entrada en vigor de MiFID II por un año más hasta el 3 de enero de 2018, la CNMV da por descontado que las Directrices ESMA, que derivan del artículo 25 de MiFID II, también “se aplicarían, en principio, a partir del 3 de enero de 2018”, según señala en la nota en que comunica la adopción de los criterios del supervisor europeo en esta materia.

Con los nuevos criterios, el supervisor europeo espera que se refuerce la protección del inversor y se promueva una mayor convergencia en la clasificación de instrumentos financieros complejos o no complejos o depósitos estructurados a los efectos del test de conveniencia/servicio de sólo ejecución de acuerdo con el artículo 25, apartados 3 y 4 de MiFID II. Asimismo, las Directrices clarifican el concepto de derivados implícitos para proporcionar un marco general para la aplicación del artículo 25, apartado 4, letra a) de MiFID II en relación con los instrumentos de deuda. En definitiva, según se señala en el documento final de ESMA, su finalidad es la de “especificar las normas para la evaluación de (i) instrumentos de deuda que incorporen una estructura que dificulte al cliente entender el riesgo implicado y de (ii) depósitos estructurados que incorporen una estructura que dificulte al cliente entender el riesgo sobre el rendimiento o el coste de la desinversión antes del vencimiento.

Como así recuerda la CNMV en su nota, “estas Directrices reducen la gama de productos considerados no complejos y por tanto limitan que las empresas que prestan servicios de inversión puedan prestar el servicio de ejecución o recepción y transmisión de órdenes de clientes sin realizar una evaluación de conveniencia del producto.

Las Directrices de ESMA afectan a las empresas de servicios de inversión, a las entidades de crédito cuando ofrezcan servicios de inversión y a los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) cuando ofrezcan servicios accesorios, todo ello según las definiciones de MiFID II.

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