El Pacto de Toledo cierra el acuerdo para reformar el sistema de pensiones

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Everton Vila-Unsplash

Después de cuatro años de negociaciones, el Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo este viernes para reformar el sistema público de pensiones en España. El texto, que será sometido a votación el próximo martes 27 de octubre en la comisión parlamentaria, recoge una serie de recomendaciones con el objetivo de revertir la situación actual de la Seguridad Social, con un déficit estructural que compromete la sostenibilidad del sistema en el medio plazo.

Entre estas recomendaciones se incluye también una clara apuesta por el segundo pilar del sistema, es decir, por los planes de empleo que las empresas ponen a disposición de sus trabajadores, y propone mejores fiscales para favorecer este tipo de productos.

Ya el pasado mes de marzo, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, avanzó que la idea era “trasladar progresivamente los beneficios fiscales de los planes individuales a los planes de empleo, procedentes de la negociación colectiva”. Una medida a la que posteriormente Inverco, la asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, ya se mostró en contra arguyendo que “el impulso del sistema de empleo nunca podría ser a costa del sistema individual”.

Otras medidas

La Comisión del Pacto de Toledo también quiere recuperar el IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones. Además, se aconseja al Gobierno y a los agentes sociales la idea de que las cotizaciones se centren cada vez más en financiar solo las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad en lugar de en gastos impropios (no se incluirían, por ejemplo, las prestaciones de maternidad o paternidad, que se financiarían con impuestos). Respecto al cálculo de pensión, el documento contiene asimismo una recomendación para fomentar el retraso de la jubilación y tratar de acercar la edad de retiro real a la legal. 

La digitalización ha sido otros de los puntos que se han abordado. Tal y como adelantaba Expansión, la Comisión plantea la posibilidad de que las empresas coticen por la productividad que consigue el avance tecnológico.