El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto “definitivo” de reforma del sistema financiero español. Dentro de él, establece la creación del banco malo. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado hoy en rueda de prensa que las entidades con ayudas tendrán que traspasar a esta sociedad de gestora de activos sus créditos problemáticos a promotoras y algunos de los inmuebles que tienen en cartera.
La pretensión del Gobierno es que esta sociedad esté participada por el FROB en minoría y en una mayoría por inversores privados, entre los que podrían estar los fondos de inversión que en los últimos meses han mostrado interés por los activos inmobiliarios españoles. Según fuentes del mercado, fondos de firmas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Drago Capital, Anchorage Capital, Patrom Capital o Lone Star Capital Partners han mostrado su interés por este mercado.
Para atraerlos, ha establecido que los activos se comprarán con descuento respecto a lo que están valorados en este momento porque la idea es que esta sociedad tenga beneficios al cabo de los hasta 15 años que tendrá que vida y, por tanto, no cueste un euro a los contribuyentes. De Guindos defendió que los activos tienen cuantiosas provisiones con lo que las entidades podrán vendérselos al banco malo a precios rebajados sin que ello les suponga pérdidas. Como ejemplo, el suelo está dotado al 80%, dijo.
El núcleo de los activos traspasados serán créditos problemáticos a promotores. En total, el saldo asciende en España a 180.000 millones, pero el banco no malo no tendrá que adquirirlos todos porque sólo afectará a las entidades que necesiten ayudas y, además, a esas cifras hay que aplicarles los descuentos. La determinación de qué entidades son las implicadas dependerá de lo que determinen las auditorías que se harán públicas en dos semanas, con el objetivo de que la sociedad esté constituida a principios de diciembre.
La inversión que realizará el FROB para ser accionista del banco malo procederá del rescate europeo que se recibirá en torno a noviembre. Antes, el fondo público español aumentará su capacidad de endeudamiento desde los 99.000 hasta los 120.000 millones.
El pago de los activos a las entidades se realizará en efectivo, con acciones del banco malo o con deuda. Son alternativas que todavía están abiertas. En todo caso, no está concretado cuál será la fórmula de fijación del precio de los activos, que establecerá en cada momento el Banco de España según una metodología establecida.
Liquidación de entidades
El Real Decreto aprobado, y que, según De Guindos, hoy mismo entra en vigor pese a no estar publicado en el BOE, diseña por primera vez el mecanismo de liquidación ordenada de entidades, lo que el ministro definió como resolución de entidades. El proceso es que una vez que una vez que se determine que una entidad no es viable para devolver las ayudas, se pondrá en marcha este proceso, que supone separar los activos buenos de los malos, de forma que se puedan vender los primeros para sacarles el máximo rendimiento posible.
No será el caso de CatalunyaCaixa, a la que se realizará una nueva inyección de capital de las necesidades que se deriven en las auditorías, se exigirá traspasar activos al banco malo y después se volverá a sacar a subasta, después de que este proceso se paralizara en junio. “Es una entidad con valor. El FROB tiene que maximizar sus rendimientos para devolver el crédito que hemos recibido de la UE lo antes posible”, dijo De Guindos.
Preferentes con límites y gran tramo institucional
La nueva reforma financiera también trata de evitar que en el futuro se repitan los daños que han sufrido muchos ahorradores españoles con las participaciones preferentes de bancos y cajas. Establece que la inversión mínima que se podrá realizar en estos títulos y en deuda subordinada será de 100.000 euros en el caso de una entidad no cotizada y de 25.000 euros, en una cotizada. Además, se deberá reservar al menos el 50% a los inversores institucionales.
Las que ya están emitidas podrán canjearse a precios de mercado más un 10%, lo que supondría elevadas pérdidas a los propietarios ya que cotizan en el entorno del 60% la mayoría, aunque también podrá cambiarse por depósitos, títulos de renta fija, bonos canjeables o acciones.
Precisamente, como ya advertía el Memorando de Entendimiento firmado con la UE y como señaló recientemente el FROB en una comunicación sobre Bankia y el Banco de Valencia, los titulares de preferentes, deuda subordinada y también acciones de entidades con ayudas tendrán que hacer frente con parte o todas sus inversiones a ese rescate.
