El próximo 22 de julio termina el plazo para adaptarse a la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativos (AIFMD en sus siglas en inglés). Sin embargo, los deberes aún están a medias. Según la última encuesta de BNY Mellon y FTI Consulting, sólo el 20% de los gestores encuestados ha solicitado a sus supervisores la autorización que les impone la norma. Eso sí, ya han calculado que, de media, adaptarse a los nuevos requisitos de cumplimiento le costará a cada entidad 300.000 dólares (algo más de 220.000 euros). Además, según un reciente informe de KPMG, de los 28 países de la Unión Europea, aún quedan 12 por transponer la norma a su ordenamiento interno, entre ellos, España.
Más allá del hecho de que 4 de cada 10 gestores encuestados piense solicitar autorización para operar en el primer trimestre del año y un 20% lo deje para el final, la encuesta de BNY Mellon-FTI elaborada entre 50 entidades que operan en Europa, EE.UU., Asia y Latinoamérica y que, en conjunto, suman 4 billones de dólares- refleja la incertidumbre del sector. Por ejemplo, uno de cada cuatro gestores reconoce que los mayores costes por cumplir con la norma se trasladarán al fondo y tendrán impacto en el ratio total de gestión (TER). Pero son mayoría (46%) los que están pensando aún cómo absorber este coste adicional. Por cierto, a la hora de determinar de dónde vienen estos mayores costes, casi la mitad señala con el dedo a la tecnología necesaria para dar cumplimiento a los requisitos de riesgo y cumplimiento.
Dado que en un estudio anterior de BNY Mellon, el 88% de los encuestados opinaba que los costes adicionales se trasladarían al fondo, los resultados actuales llevan a pensar que la industria se está cuestionando si será o no conveniente este traslado.
El estudio también revela que, en dos tercios de los casos, la carga adicional de trabajo que implican los nuevos requisitos de información está siendo asumida por los equipos internos de las entidades con el apoyo de los proveedores de servicios (23%) y los depositarios (26%). Pero aún hay un 37% que está viendo sus necesidades en este ámbito. Para el 55% de los encuestados, encontrar personal con experiencia está resultado todo un reto.
En cuanto al nuevo papel de los depositarios, cerca del 60% de los encuestados señala que ya ha designado o está en vías de designar a su depositario, como así establece la Directiva. Y un 17% tiene la intención de usar los denominados depositary lite para así tener flexibilidad a la hora de distribuir tanto fondos domiciliados en la UE como no domiciliados.
En contraste con la actitud perezosa de los gestores y, según los casos, de los Estados, las entidades parece que progresan adecuadamente a la hora de adaptarse a las nuevas exigencias. La encuesta muestra que la mitad ya ha terminado o está en vías de terminar su marco para la gestión de riesgo y casi el 70% ya tiene terminada su adaptación a los requisitos de cumplimiento.