El adelanto de las elecciones complica la aprobación del Proyecto de Ley de IIC


Tras  el anuncio de elecciones anticipadas para el 20 de noviembre, y la  disolución de las Cortes Generales seis semanas antes de esa  fecha, un par de iniciativas legislativas de importancia para las gestoras de fondos pueden no finalizar su trámite parlamentario.  En concreto, tanto el Proyecto de Ley que modifica la Ley 35/2003 de instituciones  de inversión colectiva como el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 24/1988 del Mercado de Valores pueden no ver la luz.  

Aunque ambos Proyectos están siendo gestionados por las Cortes mediante el procedimiento de urgencia con competencia legislativa  plena, lo que acorta significativamente sus plazos de tramitación,  las escasas semanas restantes pueden dar al  traste con estas propuestas legislativas. Ambas iniciativas pueden afectar a las gestoras de fondos, principalmente la primera, que modifica la Ley de instituciones de inversión colectiva.  En concreto, dicho Proyecto de Ley introduciría las disposiciones necesarias para el funcionamiento del pasaporte de la sociedad gestora para la gestión de fondos, que tras su entrada en vigor permitiría a las sociedades gestoras españolas gestionar fondos domiciliados en otros Estados miembros de la Unión Europea, y del mismo modo a las gestoras de otros Estados miembros la gestión de fondos españoles (la novedad consiste en introducir el pasaporte para la propia gestión transfronteriza de fondos, simplificando asimismo el régimen de comercialización transfronteriza).  

Además, el Proyecto de Ley introduciría medidas de refuerzo al inversor, entre otras mediante el aumento de su protección respecto a sus derechos de información  a través de un nuevo documento informativo, “el documento con los datos fundamentales para el inversor”.  La nueva norma incluiría también reformas destinadas a la utilización de cuentas globales para la comercialización en España de fondos domiciliados en nuestro país, así como mecanismos adicionales para reforzar la actividad supervisora de la CNMV.  

Por otro lado, peligra también la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Mercado de Valores, que inicia el proceso de reforma del sistema de compensación, liquidación y registro de valores, centrándose en aquellas cuestiones que exigen la reforma de la Ley del Mercado de Valores.  Los plazos de presentación de enmiendas por parte de los Grupos Parlamentarios a ambos Proyectos de Ley en el Congreso finalizaron en julio, por lo que la Comisión de Economía y Hacienda debe elaborar ahora los informes pertinentes e incorporar o votar estas enmiendas, lo que tendrá lugar previsiblemente a principios de septiembre.  

En el caso del Proyecto de Ley que modifica la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva destacan, entre otras, enmiendas que buscan desarrollar la figura de los Fondos de Inversión Institucionales, las destinadas a simplificar las obligaciones de publicidad de algunos hechos relevantes de las IIC, aquéllas que introducen procedimientos simplificados de disolución y liquidación de las IIC bajo algunos pretextos, las que modifican los niveles de recursos propios de las gestoras de IIC o las que buscan desarrollar las IIC por compartimentos, permitiendo que no se considere la IIC en su conjunto como Sujeto Fiscal sino a cada uno de los compartimentos por separado.        

En cuanto al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, se discutirán enmiendas destinadas a mencionar las competencias que las CCAA tienen en relación con los servicios de compensación, liquidación y registro de ámbito autonómico, así como la posibilidad de elaboración de un proyecto de reglamento de mercado que contenga como mínimo las reglas aplicables en materia de instrumentos financieros negociables, miembros, régimen de garantías, negociación, registro, compensación y liquidación de transacciones, régimen de acuerdos con entidades de contrapartida central y supervisión y disciplina del mercado y medidas de carácter organizativo relativas, entre otras materias, a los conflictos de interés y a la gestión de riesgos.  

En caso de que estas dos nuevas normas no fuesen finalmente aprobadas por el Parlamento, el nuevo Gobierno podría abordar de nuevo su introducción tras las elecciones generales. 

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