Dentro de los diferentes tipos de fondos de pensiones existentes en España, los fondos de empleo son los segundos en importancia en función del volumen de su patrimonio y de su número de partícipes y son líderes en el compromiso público de incorporar criterios sociales, ambientales y de gobernabilidad dentro de las políticas de inversión. Este liderazgo está respaldado por el hecho de que de un total de 19 firmantes españoles de los PRI en septiembre de 2011, ocho de ellos son fondos pertenecientes al sistema de pensiones de empleo, lo que supone más de un 42% del total de entidades adscritas. Si de este grupo de firmantes se selecciona el segmento de inversores, el porcentaje se eleva hasta el 80%.
Este creciente compromiso público con la ISR junto con la creciente implementación de políticas ISR en los fondos de empleo, hacen prever que los fondos de empleo van a ser líderes en el impulso de la ISR en el mercado español durante los próximos años, según Spainsif. De hecho, según los datos del estudio “Corporate Pension Funds & Sustainable Investment”, publicado por Eurosif con la participación de Spainsif y con datos de fondos de pensiones de 12 países, un 50% de los fondos españoles participantes en el estudio -10 en total- poseen en la actualidad políticas ISR y el 30% prevé implementarlas en los próximos meses. Además, el 80% de los consultados creen que la ISR afecta a la rentabilidad a largo plazo y el 70% cree que forma parte de sus deberes fiducidarios, aunque son muchos los que reconocen que no los cumplen. Los porcentajes en estos dos últimos aspectos son incluso mayores que la media europea (60% y 66% respectivamente).
Responsabilidad de la gestora
Entre las barreras para su implementación, los participantes señalan tres causas: riesgo y preocupaciones sobre rentabilidad, falta de familiaridad y falta de recursos. Francois Passant, director general de Eurosif y por Javier Garaoya, director de Spainsif, presentaron el estudio en Madrid y señalaron el papel en ISR de los miembros de los fondos de pensiones y también de los gestores de activos en España. Según el informe, en la mayor parte de los casos, el ejercicio de la ISR está delegado íntegramente en la gestora y sólo en un plan de los 10 españoles participantes, el fondo la ejerce solo, y en otro, el ejercicio es compartido entre fondo y gestora.
Según el estudio, los activos sobre los que se aplican criterios ISR son sobre todo de renta fija, el activo con más presencia en los planes de pensiones. También se aplican en renta variable en un 45% de los casos, un porcentaje menor que en Europa. En el caso de España, también hay cobertura en otros activos –hedge funds, venture capital y depósitos-, pero no en materias primas, cubiertas por parte de muy pocos fondos en Europa pero sí en algunos de Noruega u Holanda.
En España, el papel de las comisiones de control es clave para la implementación de estas políticas, en la medida en que la legislación establece la obligatoriedad que poseen para ejercer los derechos políticos y de dejar constancia en el informe anual de la política ejercida en este sentido.
Con respecto a las herramientas, el estudio señala que la mayoría de fondos implementa sus políticas a través de las prácticas de voto (80% frente al 51% en Europa), seguido por la integración de criterios ASG en la toma de decisiones de inversión y la participación en iniciativas colaborativas. Por principios, destaca la gobernabilidad, seguido de los aspectos sociales y los ambientales.