EFPA España e Inverco abogan por dotar a las Instituciones de Inversión Colectiva españolas de un marco legal y fiscal que las coloque en una situación de competitividad igual a la de otros países europeos y que, por tanto, proteja y promocione el ahorro nacional. Estas organizaciones consideran que los productos de inversión colectiva nacionales se encuentran actualmente en desventaja frente a otros países europeos y defienden, en concreto, que se suprima el impuesto directo del 1% que pagan las IIC y que se elimine el requisito “obsoleto” de que estas entidades deban tener 100 accionistas o partícipes para ser consideradas como tal.
En una conferencia-coloquio bajo el título ‘Sobre la tributación actual de las IIC en España y comentarios al RDL 12/2012’, celebrada recientemente en la Bolsa de Barcelona, el vicepresidente de Inverco en Cataluña, Eusebio Díaz-Morera, señaló que la retención que actualmente se aplica a las IIC supone una “discriminación flagrante” frente a la situación en otros países europeos, como Luxemburgo, donde este impuesto es del 0%. Además, se manifestó en el coloquio que la retención en las plusvalías, que sólo se aplica en España, es una carga administrativa para las gestoras.
Modificaciones del nuevo decreto de “amnistía fiscal”
En el encuentro también se analizaron las modificaciones en la regularización de bienes y derechos no declarados que introduce el decreto 12/2012 aprobado por el Gobierno y que establece, entre otras medidas, que puedan regularizarse bienes no declarados con una tributación del 10%. Los expertos en fiscalidad que participaron en la mesa redonda que abordó estas cuestiones y que moderó Antonio Argandoña, profesor de Economía de IESE, coincidieron en que la medida hará que se declaren de forma voluntaria muchos capitales porque, de tener que hacerlo posteriormente, el coste será muy superior. Al mismo tiempo, advirtieron que deberá aclararse la relación entre los delitos fiscales, la responsabilidad penal que se derive de ellos y su relación con el blanqueo de capitales ligado a la financiación de actividades ilegales.
Luis Viñales, socio de Uría & Menéndez, señaló que en los últimos tiempos se ha ido trabajando a nivel internacional para mejorar la transparencia y analizó la situación actual de las medidas que están tomando países como Suiza respecto a los acuerdos internacionales sobre el secreto bancario y la situación actual de los paraísos fiscales.
Por su parte, Alejandro Escoda, socio del bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, dijo que la legislación actual deberá aún aclarar sobre qué base se aplica el tributo del 10%, así como qué pasará con la regulación de otros impuestos, al margen de los de sociedades, IRPF y renta de no residentes, cuya regulación no se prevé en el decreto.
En este sentido, Escoda consideró que la Administración ha sido “muy benévola” con el planteamiento de regularización que plantea ahora. El experto calculó que, una vez que se cierre el plazo de regularización voluntaria actual, que terminará en noviembre de 2012, quienes tengan patrimonio no declarado y se les detecte en situación irregular, podrán llegar a pagar hasta un 150% del capital a regularizar, además de enfrentarse a posibles delitos fiscales.
