EFAMA defiende que se retrase un año el KID de PRIIP

Margarete_Ziegler-Raschdorf
Margarete Ziegler-Raschd, flickr, Creative Commons

Hace apenas una semana se hacía oficial el retraso de un año de la entrada en vigor de MiFID II, decisión motivada por los importantes retos técnicos de implementación que tienen que abordar los reguladores y las entidades financieras.

Ahora, EFAMA solicita a las autoridades europeas (la Comisión, el Parlamento y el Consejo) que retrasen también un año la aplicación del documento de información fundamental (KID, por sus siglas en inglés) de los productos empaquetados de inversión o basados en seguros (PRIIP), hasta el 1 de enero de 2018 ya que “dudamos seriamente que los participantes del mercado tengan tiempo suficiente para implementar las normas técnicas finales antes de final de este año, como habían previsto los legisladores”, afirma la Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos en un comunicado.

“El desarrollo de las normas técnicas para el KID de PRIIP ha resultado ser un proyecto complejo que ha requerido varias rondas de consultas muy técnicas y algunas cuestiones fundamentales aún no se han resuelto. En el mejor de los casos, la versión final de las normas técnicas se publicará en el tercer trimestre de 2016, por lo que el sector solo dispondría de unos pocos meses para crear una enorme cantidad de KID. Nuestra experiencia con el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) de UCITS demuestra que hace falta al menos un año tras la finalización de las normas técnicas”.

Como señala EFAMA, “si no se les da tiempo suficiente para resolver los problemas operativos relacionados con la implementación del KID, las firmas no podrán proporcionar esta documentación a los inversores minoristas, lo que puede entrañar graves riesgos legales que se traduzcan en una prohibición de facto de la distribución de cualquier tipo de PRIIP a partir del 1 de enero de 2017”.

La asociación critica además que el borrador actual de las normas técnicas incluye aspectos cuestionables, como el cálculo de los costes de transacción, que chocan en algunos casos con lo estipulado en otras normas europeas y que deben ser aclarados cuanto antes.